BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación tras recibir varias quejas por parte de la ONG Corporate Europe Observatory sobre la negativa de la Comisión Europea de dar acceso a los contratos firmados con laboratorios farmacéuticos para la compra de vacunas contra la Covid-19 e información sobre las negociaciones.
El organismo europeo ha dado hasta el 11 de febrero al Ejecutivo comunitario para que se vuelva a pronunciar sobre ambas solicitudes de acceso a documentos, según consta en la carta que se ha hecho llegar a la institución que preside la alemana Ursula von der Leyen y que ha compartido en su página web la propia defensora del Pueblo.
"Como primer paso y dado el significativo interés público en la materia, pediría a la Comisión que emita decisiones confirmatorias sobre ambas solicitudes lo antes posible y como muy tarde para el 11 de febrero", reza la misiva.
En un comunicado, Corporate Europe Observatory ha celebrado esta decisión que la Defensora del Pueblo Europeo ha adoptado cuatro meses después de que la ONG solicitara el acceso a los documentos pertinentes para "dar luz" a las negociaciones para la compra de vacunas contra la Covid-19.
En concreto, Corporate Europe Observatory reclamó en primer lugar tener acceso al contrato que Bruselas firmó con AstraZeneca para la adquisición de dosis de la vacuna que ha desarrollado con la Universidad de Oxford.
La Comisión denegó la petición argumentando la necesidad de "proteger los intereses comerciales" de la empresa y también los suyos propios en el marco de las negociaciones que estaba desarrollando con otros laboratorios. La ONG recurrió esta primera decisión del Ejecutivo comunitario, pero a fecha de hoy no ha obtenido respuesta de las autoridades comunitarias.
La segunda solicitud pedía el acceso a documentos relativos a reuniones con representantes de las compañías o correos electrónicos enviados en el marco de esas negociaciones. En este caso, la Comisión Europea no ha identificado ningún documento dentro de estos requisitos ni ha contestado a la ONG.
La Defensora del Pueblo Europeo ha admitido a trámite las dos quejas presentadas por la organización europea, que vigila el trabajo de los grupos de presión en la capital comunitaria. En una primera fase, ha pedido a Bruselas que vuelva a dar una respuesta a la ONG.
La opacidad con la que el Ejecutivo comunitario ha gestionado las negociaciones y los contratos alcanzados con la industria farmacéutica para la compra anticipada de algunos candidatos a vacunas para la Covid-19 ha generado una gran polémica.
Bruselas siempre se ha escudado en que que son los propios laboratorios los que exigen determinadas cláusula de confidencialidad, por ejemplo la información sobre los precios acordados, como condición irrenunciable. Pero también ha defendido que ocultar estos datos protege su capacidad negociadora con el resto de compañías.
Las numerosas quejas provocaron que Bruselas accediera a permitir a eurodiputados la lectura de los contratos firmados con las empresas, pero bajo estrictas condiciones y siempre que estas dieran su permiso. Solo CureVac aceptó la propuesta, aunque la versión que se puso a disposición de los diputados europeos eliminó parte de la información sensible recogida en el texto.
La lectura restringida de este contrato no acabó con las críticas y la Comisión Europea accedió a publicar la versión censurada del contrato con CureVac, que es una de las cinco vacunas que ha comprado la UE, junto con las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK y Jansen.
