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BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que la Comisión Europea no dio al público un acceso suficientemente transparente a los contratos de compra anticipada de vacunas contra la Covid-19, concretamente en lo relativo a los nombres de los negociadores y a las cláusulas de indemnización a las farmacéuticas.
La opinión del letrado europeo, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, recomienda al TJUE que desestime los recursos interpuestos por la Comisión y confirme así las sentencias del Tribunal General (TGUE) de julio de 2024, que ya dieron la razón a eurodiputados y particulares que reclamaban mayor transparencia en esos contratos.
En sus conclusiones, el abogado general sostiene que la transparencia en este proceso constituye "un fin específico de interés público", por lo que rechaza el argumento de Bruselas dio para revelar la identidad de los negociadores, esgrimiendo que vulneraría su privacidad.
También advierte de que publicar versiones anonimizadas de las declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses, como hizo el Ejecutivo comunitario, "no permite comprobar concreta y efectivamente la imparcialidad" del equipo que negoció con los laboratorios.
Respecto a las cláusulas de indemnización que protegían a las farmacéuticas, el dictamen rechaza las alegaciones de la Comisión al considerar que no se ha demostrado que su divulgación perjudique los intereses comerciales de las empresas.
El caso, para el que el TJUE comenzará ahora sus deliberaciones, se remonta a 2021, cuando una serie de eurodiputados y particulares solicitaron acceso a documentos y contratos que les permitiera entender los términos y condiciones de los acuerdos firmados en 2020 y 2021 para garantizar a las farmacéuticas un pedido en firme de más de 1.000 millones de dosis por unos 2.700 millones de euros.
Los peticionarios querían comprobar que en los contratos quedaba protegido el interés público, pero Bruselas decidió permitirles un acceso "parcial" a versiones expurgadas. Los interesados consideraron insuficiente el acceso y acudieron ante el Alto Tribunal europeo para denunciar a la Comisión por incumplir el Reglamento sobre acceso a los documentos.
