MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Hasta 240 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras, se oponen a la nueva propuesta realizada por un grupo de países a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que plantea acuerdos voluntarios entre las compañías propietarias de las patentes y otras farmacéuticas como solución para aumentar la producción de vacunas.
Estos acuerdos, recuerdan, ya se vienen alcanzando y no son transparentes ni aseguran que pueda cubrirse la demanda mundial porque vuelven a dejar el control del suministro en manos de las compañías bajo acuerdos muy restrictivos.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue debatiendo estos días la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en octubre para solicitar una suspensión temporal de las patentes durante la pandemia que permita aumentar la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para luchar contra la Covid-19. A pesar de que la apoyan 103 de los 162 países que conforman la OMC, los Estados más ricos --entre ellos, los de la UE-- siguen bloqueando esta iniciativa.
Las organizaciones han enviado una carta a la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para mostrar su preocupación por este nuevo giro que, lejos de ser una verdadera propuesta alternativa, sigue dejando el control del suministro de vacunas en manos de la industria farmacéutica. Una industria, advierten, "que se ha mostrado incapaz de hacer frente a la respuesta que necesita la pandemia y cuya capacidad de producción es, a todas luces, insuficiente".
Las organizaciones denuncian que estos acuerdos no son ninguna novedad y la experiencia evidencia que son, en su mayoría, "poco transparentes, contienen términos y condiciones restrictivas que refuerzan el control vertical de los holdings tecnológicos y limitan artificialmente la producción y el suministro para restringir las opciones de abastecimiento mundial".
Uno de los ejemplos más claros, aseguran, es el caso de AstraZeneca, que concedió una licencia de fabricación al Serum Institute de India para suministrar su vacuna a 92 países a través de la iniciativa COVAX. Estos países suman la mitad del mundo, es decir, casi 4.000 millones de personas, por lo que un tercio de la humanidad depende ahora, principalmente, del suministro de vacunas de una única empresa de la India.
Asimismo, recuerdan que en la mayoría de estos acuerdos bilaterales, "la compañía propietaria de la patente mantiene el control total sobre el uso de su tecnología y el reparto de vacunas". Eso quiere decir que, aunque las empresas que se incorporaran a la producción "pueden ayudar a aliviar cierta presión a corto plazo", las compañías que ostentan la patente no están obligadas a compartir todos los componentes de las vacunas.
Por tanto, estos acuerdos pueden limitarse a que las empresas que se incorporan al proceso solo participen en una de las fases de fabricación; que se dediquen a tareas secundarias o marginales de la cadena de producción; o que en los contratos se impongan restricciones territoriales _por ejemplo, que la compañía no pueda producir vacunas para determinados países_.
En la carta dirigida a Ngozi Okonjo-Iweala, las organizaciones recuerdan también que la mayoría de las empresas farmacéuticas se han beneficiado de una gran cantidad de fondos públicos invertidos en I+D, pero no se han incluido condiciones que garanticen el acceso a las vacunas resultantes de esa investigación. Mientras, las compañías prevén obtener enormes beneficios.
"El camino a seguir debería ser la eliminación de las barreras para el desarrollo, la producción y la aprobación de vacunas, terapias y otras tecnologías médicas, para que más fabricantes, especialmente de los países en desarrollo, puedan contribuir de forma independiente al suministro mundial. El suministro mundial no debería depender de las prerrogativas puramente comerciales y los derechos exclusivos de las empresas farmacéuticas que poseen la tecnología. Hay demasiado en juego", concluyen.
