Alerta del daño para la salud de los ciudadanos y pide a las autoridades locales medidas eficaces
BRUSELAS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la mala situación del aire en varios núcleos urbanos españoles, en especial Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, tras constatar que no ha tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación.
"Los datos más recuentes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), reglas que son legalmente vinculantes desde 2010", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.
Vella ha apuntado que el expediente abierto contra España por el incumplimiento reiterado en los límites legales de NO2 no se debe a los problemas de una única urbe, sino que es un problema más amplio en donde hay "las áreas problemáticas son principalmente tres: Madrid, Barcelona y Baix Llobregat".
No obstante, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han precisado a Europa Press que el Baix Llobregat cumple con los límites legales desde 2018. Asimismo, destacan que en el expediente ya no figura Urbana sur, en Madrid, que figuraba anteriormente y que también ha dejado de incumplir.
El comisario ha recordado que los servicios de la Comisión han estado en contacto con las autoridades españolas para tratar de resolver esta situación antes de llegar a los tribunales, pero ha lamentado que estos esfuerzos no hayan dado resultado.
Bruselas decidió en mayo del pasado año suspender el expediente contra España, a pesar de llevar a otros Estados miembro ante la Justicia europea, al considerar que el paquete de medidas presentado por las autoridades, que incluía la puesta en marcha de Madrid Central, era suficiente para "hacer frente a las carencias detectadas siempre y cuando se ejecuten correctamente".
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha constatado que los niveles de contaminación siguen siendo un riesgo para la salud de los ciudadanos, ha dicho el comisario, quien no ha querido responder a la pregunta de si el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado su intención de cancelar el plan de Madrid Central ha influido en su decisión.
"En lo que respecta a Madrid Central, esta infracción no tiene que ver únicamente con Madrid, hay otras áreas afectadas, y normalmente no comentamos anuncios específicos, aunque siempre subrayamos que son necesarias medidas eficaces para mejorar la calidad el aire. Pero le corresponde a los Estados miembro elegir las medidas para lograr los resultados", ha zanjado el comisario.
El comisario ha añadido que, además de la carta que envió este mes al Ministerio para la Transición Ecológica para trasladarle su "preocupación" y solicitar medidas urgentes, también ha emplazado a las autoridades regionales y locales a "contribuir en el diseño e implementación de medidas para garantizar" que se cumple con los límites legales.
"A fin de cuentas, nuestro interés es proteger la salid de la población local", ha recalcado Vella, quien ha dicho que según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9 000 muertes prematuras anuales.
Tras la decisión de llevar a España ante la justicia en Luxemburgo, los servicios jurídicos de la Comisión se tomarán ahora unos dos meses para preparar la demanda legal que presentarán ante el Tribunal europeo.
Ello les permitirá tener en cuenta los datos más recientes sobre contaminación, correspondientes a 2018, que Bruselas espera recibir del Ministerio en septiembre, según han explicado fuentes comunitarias, lo que podría influir en las áreas señaladas.
En cualquier caso, las fuentes advierten de que España no cumple con las obligaciones en materia de calidad del aire y que "no parece que vaya a cumplir a corto plazo", recalcan los funcionarios europeos, para apuntar la solidez de la demanda.
Una vez se presente la demanda ante el TUE se abrirá un plazo para el intercambio de opiniones con el Estado miembro, por lo que el juicio podría demorarse unos nueve meses. Aunque no hay plazos fijos para que el Tribunal se pronuncie sobre los casos que examina, las sentencias llevan de media unos dieciocho meses.
