MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Aministía Internacional (AI) ha pedido a Caixabank, con participación en Pfizer, que en la junta de accionistas que se celebrará este jueves 28 de abril utilice su considerable influencia para presionar a la compañía para que elimine las barreras para un acceso equitativo a la vacuna y promueva la responsabilidad y la transparencia, con el fin de ayudar a alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una tasa de vacunación del 70% de la población de cada país para julio de 2022.
Con vistas a las juntas generales anuales de abril de 2022,de Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer (28 de abril) y AstraZeneca (29 de abril), Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito a más de 30 inversores institucionales de fabricantes de vacunas contra la COVID-19 con el mismo objetivo. Entre los inversores se encuentra Baillie Gifford, Bank of America, Bank of NY Mellon, BlackRock, Capital Group, Morgan Stanley, State Street, UBS, Vanguard Group y Wellington Management.
Les piden votar a favor de resoluciones de accionistas dirigidas a facilitar la distribución universal de las vacunas contra la COVID-19 y preguntar al consejo de administración de cada empresa qué medidas están adoptando para alcanzar el objetivo de vacunación de la OMS.
"Las empresas farmacéuticas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, y sin embargo siguen teniendo un papel decisivo en una distribución escandalosamente desigual de las vacunas en todo el mundo. Mientras ellas y sus inversores han obtenido excelentes beneficios de las vacunas contra la COVID-19, los países de ingresos bajos han recibido una parte mínima del suministro global y han sufrido un número desproporcionado de muertes por la enfermedad", ha afirmado Mark Dummett, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
"Las empresas farmacéuticas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, y sin embargo siguen teniendo un papel decisivo en una distribución escandalosamente desigual de las vacunas en todo el mundo. Mientras ellas y sus inversores han obtenido excelentes beneficios de las vacunas contra la COVID-19, los países de ingresos bajos han recibido una parte mínima del suministro global y han sufrido un número desproporcionado de muertes por la enfermedad", ha afirmado Mark Dummett, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
"Los inversores institucionales se han beneficiado enormemente de esta política especulativa y corta de miras, pero tienen el deber de garantizar que su dinero no contribuye a causar abusos contra los derechos humanos. Estas juntas generales anuales representan una oportunidad de oro para que cambien de rumbo y hagan valer su considerable influencia sobre estas empresas. Deben plantear sus dudas al consejo de administración de cada empresa y apoyar aquellas resoluciones del accionariado que puedan impulsar un cambio de política largamente esperado que anteponga las personas a los beneficios", afiman.
