MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un nuevo artículo publicado por el 'Journal of the Royal Society of Medicine' ha reivinidcado que las vacunas contra la COVID-19 no serán accesibles hasta que los gobiernos dejen de permitir que las empresas de vacunas mantengan en secreto sus costes de fabricación.
La financiación multimillonaria de los contribuyentes y los gobiernos de países como Estados Unidos y la Unión Europea ha sido tan amplia que las empresas de vacunas apenas pueden recuperar la inversión o los costes irrecuperables, salvo los asociados a la fabricación.
"En contra de la ética de las vacunas como bien de salud pública, las empresas se han reservado los costes de fabricación, y sólo unos pocos estudios independientes los han investigado en detalle", ha lamentado el autor principal del artículo, el profesor Donald Light, catedrático de Política Sanitaria Comparada de la Facultad de Medicina Osteopática de la Universidad de Rowan (Estados Unidos).
Basándose en estudios anteriores, los autores estiman que los costes netos de fabricación de 100 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 listas para su envío parecen oscilar entre 0,54 y 0,98 dólares. "Un estudio reciente sobre los costes de las vacunas adenovirales contra la COVID-19 estima unos costes sustancialmente inferiores, y un estudio detallado de las vacunas de ARNm estima que el coste unitario es de 2,85 dólares para Moderna y de 1,18 dólares para Pfizer", añade Light.
Dado que estas estimaciones de costes incluyen la sostenibilidad de las instalaciones, las líneas de producción, los equipos y todo el personal de fabricación, los precios sostenibles de las vacunas con un modesto margen de beneficio "deberían ser ligeramente superiores a los costes de producción". "Sin embargo, los precios cobrados a los países oscilan entre 2,15 y 5,25 dólares para la vacuna de Oxford-AstraZeneca y entre 14,70 y 25,50 dólares para las vacunas de Moderna y Pfizer", lamenta.
"Los gobiernos deben dejar de ser socios en el secreto y, como compradores, deberían exigir informes públicos y verificables sobre los costes netos, después de las subvenciones directas e indirectas de los contribuyentes, con el fin de establecer precios asequibles a nivel mundial de coste incrementado para estos bienes de salud pública mundial", concluye el científico.
