MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), Alma Ma Palau Ferré, ha solicitado al Gobierno que incluya la atención en la asistencia sanitaria integral, recordando que el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos se abordaban los derechos de las personas consumidoras.
Y es que, tal y como ha recordado, en materia de seguridad alimentaria el acuerdo incluía consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente impulso al desarrollo rural.
"En el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio o la lectura del etiquetado nutricional", ha dicho.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que al final, el consumidor es quien decide el modelo alimentario, y no educarle es exponerlo sin defensas, al afán de lucro de la mayoría de la industria alimentaria. Asimismo, la presidenta del CGCODN ha recordado que, en el ámbito de la sanidad, "aún queda también mucho para avanzar".
Y es que, a su juicio, en el acuerdo del Gobierno se "echa en falta" el derecho de la ciudadanía a una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición.
Estos grupos en riesgo incluyen a menores, tercera edad, mujeres embarazadas, lactantes, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y agudas, población en situación de pobreza, con niveles bajos de educación y migrantes que, ante la ausencia de dietistas-nutricionistas en la cartera de servicios de la sanidad pública, solo quienes pueden asumir el coste de una consulta privada, acuden a este profesional.
Finalmente, ha asegurado que para garantizar la prestación sanitaria en materia de nutrición en el Sistema Nacional de Salud, la incorporación de dietistas-nutricionistas debería ser como mínimo de un profesional por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada, uno por cada 50.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria y otro por cada 500.000 habitantes en Salud Pública.
