Publicado 08/05/2020 14:43:59 +02:00CET

Cvirus.- La Mesa Estatal de las Personas Mayores pide que la desescalada cuente con un informe de impacto en residencias

Residencia de mayores en Oviedo
Residencia de mayores en Oviedo - EUROAPA PRESS

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha remitido al Gobierno una serie de propuestas para abordar la crisis y crear un nuevo modelo de atención y cuidados, entre las que destaca que "todas las medidas de desescalada deben contar con un informe de impacto en las residencias de mayores y discapacidad".

Asimismo, las organizaciones piden que todas las residencias de mayores cuenten con equipos de protección y se realicen test PCR y análisis serológicos a todas las personas mayores y trabajadores de los centros y de atención domiciliaria.

En este sentido, defienden que los pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con COVID-19, para evitar la propagación de la enfermedad.

A su juicio, es necesario establecer instalaciones intermedias para las residencias en las que resulte imposible salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la presencia de alguna persona con COVID-19.

"Como principio general, salvo complicaciones que requieran hospitalización, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerda que las personas deben ser cuidadas allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que contribuyen con sus impuestos", detalla.

Por otro lado, considera que las personas mayores deben poder disfrutar del aire libre y tener acceso a jardines y zonas exteriores "siempre que se respeten la distancia social y las precauciones sanitarias".

Además, todas las medidas de protección deben aplicarse también a las personas que viven en sus domicilios y son atendidas desde el sistema de dependencia o los servicios sociales municipales.

De cara al futuro, propone la elaboración de un "plan de choque" de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, así como la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Apuesta también por la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores y a hacer efectivos sus derechos.

En relación con el modelo de residencias, ve necesario un incremento de la ratio de gerocultores en los centros, plantear un nuevo diseño que garantice un ambiente más familiar para las personas mayores y profesionalizar el sector de los cuidados para apostar por un modelo de calidad.

"Debemos optar también por nuevos modelos arquitectónicos que incorporen garantías de atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida con profesionales que tengan formación en derechos, ética, relación de ayuda, entre otros", ha indicado, para después añadir que es esencial apoyar otros alojamientos o nuevos modelos residenciales, como el cohousing o las viviendas colaborativas.

Sobre el servicio de atención domiciliaria, recomienda configurar un conjunto de servicios integrados, que incorpore la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal y la participación del voluntariado, entre otros.

Finalmente, ve necesario fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales.

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