El sector de la farmacia "no ha superado la crisis"

Farmacia de Jaén
CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo
Publicado: lunes, 11 febrero 2019 14:17

   MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El sector de las oficinas de farmacia en la venta financiada por el Sistema Nacional de Salud no ha conseguido superar la crisis, según ha avisado el Observatorio del Medicamento, que, en su informe de diciembre de 2018, señala que la eliminación del copago a ciertos colectivos no supondrá un incremento superior al 10 por ciento en el número de recetas.

   Y es que, pese a que en los últimos años se está produciendo una cierta recuperación, el gasto continúa siendo un 19,9 por ciento inferior al de 2009, el gasto por habitante ha descendido, y las farmacias facturan al Sistema Nacional de Salud un 24,38 por ciento menos que en el año 2009.

   Por otra parte, en un estudio retrospectivo sobre el año 2018 se destaca que el empleo ha aumentado en las farmacias particularmente el que se refiere al personal titulado, ya que se viene perdiendo empleo del resto del personal, por la obligación de dispensación de la receta electrónica por los farmacéuticos.

   En este punto, FEFE ha hecho hincapié en que en una situación como la actual hay que promover iniciativas para acabar con las deducciones y descuentos procedentes de los reales decretos leyes, así como limitar la apertura de nuevas farmacias, algo que, por desgracia, no ha sucedido en 2018 año en que se superan ya las 22.000 farmacias.

   Por otra parte, tal y como ha recordado el organismo, el Ministerio de Sanidad ha sometido a información pública un proyecto de Real Decreto por el que se crea el 'Nodo SNSFarma'. El trámite de audiencia finaliza el día 8 de febrero, 24 horas antes de la obligatoriedad de cumplir los Actos Delegados de la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que, "con toda seguridad", no podrá aplicarse la verificación en el sector público, dado que cualquier real decreto lleva una tramitación entre 6 y 8 meses, como indica la experiencia.

   "Es pronto para saber las consecuencias del incumplimiento, ya que la comisión se ha mostrado hasta ahora inflexible con los plazos. Además, por si faltara algo para certificar el incumplimiento de los plazos, el proyecto prevé la publicación de una Orden Ministerial para ajustar la operativa y funcionamiento de 'Nodo SNSFarma' y otras órdenes ministeriales para los procedimientos de pago y otras cuestiones", han dicho.

   El proyecto, además de contener "muchos aspectos poco compatibles" con el Reglamento Delegado (UE) 2016/161, viene precedido de una "intensa polémica", ya que "deja sin viabilidad" el esfuerzo realizado por el sector privado para cumplir la normativa en la fecha prevista de 9 de febrero.

   La situación es que los laboratorios, la mayor parte de la distribución, las oficinas de farmacia y las farmacias de hospitales privados "han hecho los deberes para aplicar la verificación", pero de poco les servirá en relación a las recetas del Sistema Nacional de Salud, cuya regulación depende de que se promulgue el proyecto de Real Decreto al que se ha aludido.

   Entre las cuestiones más objetables del proyecto se encuentra la existencia de una credencial única para todo el Sistema Nacional de Salud, algo que puede considerarse incompatible con la letra y el espíritu del reglamento delegado. "Este solo hecho, si se mantiene en el texto final, puede dar lugar a que se anule en los tribunales de justicia españoles, o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", han dicho los expertos.

   Sin embargo el proyecto también contiene cuestiones "interesantes" para el sector, como la posibilidad de aplicar precios notificados o la eliminación definitiva del cupón-precinto, aunque todo ello pendiente de un desarrollo posterior por orden ministerial, lo que aleja "todavía más" la posibilidad de que las farmacias dejen de recortar y pegar los cupones-precinto al dispensar recetas, o se puedan aplicar de forma generalizada los precios notificados.

   La conclusión es que todo el sistema de verificación, que se venía gestando desde hace años, se ha modificado a última hora, y el incumplimiento de los plazos deja a España en una situación vulnerable y de inferioridad respecto al resto de los Estados europeos.