El cambio de los envases de los medicamentos supondrá un "deterioro" en la prestación
MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que las oficinas de farmacia tendrán que soportar el 31 por ciento del coste de las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el gasto sanitario en España, por las que tendrán que hacer una aportación de 1.000 millones de euros al año.
En este sentido, y aunque la medida también afecta a la industria farmacéutica, admiten que las farmacias tienen "un margen económico muy inferior" a este sector y, de hecho, aseguran que "aportarán el doble" que la industria, una cifra que equivale a la facturación de un mes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Esta cantidad es insoportable para un sector que ya venía sufriendo un deterioro económico desde el año 2000, con una pérdida media de 0,6 por ciento de margen al año, incluso en épocas de bonanza económica", alerta FEFE en un comunicado.
A su juicio, son medidas que ponen de manifiesto la "improvisación y la falta de dialogo" con el sector para afrontar una factura que, como aseguran, "es producto de la demanda social y de la cobertura de la prestación sanitaria y no de la oficina de farmacia".
Asimismo, esta entidad reconoce que el fraccionamiento de envases para su dispensación en unidosis que también ha aprobado el Gobierno implicará un "deterioro" en la prestación ya que "se le resta al medicamento la seguridad, protección y la información que existe en los embalajes comercializados actualmente".
Los empresarios farmacéuticos aseguran igualmente que "los pacientes no se verán beneficiados" por los descuentos indicados en este plan de recorte, lo que implica "un aumento del copago de forma encubierta". , quedando en evidencia, una vez más, la falta de transparencia del Gobierno en la toma de medidas o decisiones.
Tras estas medidas, FEFE está estudiando detalladamente el impacto económico y social de estas nuevas medidas y, antes de su aprobación en las Cortes, hace un llamamiento a la responsabilidad de los diputados para que no apoyen este real decreto por "injusto, fruto de la precipitación y de la falta de diálogo, consenso y reflexión".
