MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) acudirán a la Comisión Europea para protestar contra la nueva ley de racionalización de gasto farmacéutico, informó la organización.
Fue en la asamblea que celebraron ayer cuando Adefarma decidió presentar una queja ante la Comisión Europea en contra del Real Decreto-Ley 4/2010, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, ya que "modifica el actual sistema de relación entre la oficina de farmacia y sus proveedores, lo que comporta un cambio en el actual modelo de farmacia".
Adefarma informó en un comunicado que en la asamblea que se celebró ayer "tanto la presidenta de la Asociación, Alexia Lario, como el jurista Rafael Ariño, especialista en temas farmacéuticos, ofrecieron una relación detallada de las consecuencias que para las oficinas de farmacia va a suponer el nuevo Real Decreto-Ley 4/2010, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud".
En opinión de Lario, desde un punto de vista económico "supone una nueva carga impositiva que, para algunas farmacias, va a suponer su ruina". Desde un punto de vista jurídico, Ariño puso de manifiesto que se trata de una norma que "infringe el principio de igualdad, así como el de libertad de empresa y, además, no se ajusta al derecho comunitario".
Ariño insistió en que "acaba con la poca competencia existente en el sector, cuando ésta es uno de los principios básicos de la normativa comunitaria". "Con el agravante de que se suprimen los descuentos en las relaciones entre proveedores y farmacias, a pesar de que tal actuación no repercute en la factura pública ni contribuye a la sostenibilidad del sistema", apostilló.
A la vista de estas consideraciones, la Asamblea debatió sobre las posibles medidas a adoptar para evitar las consecuencias negativas sobre la farmacia y de las tres opciones (recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y queja ante la Comisión Europea), se optó por esta última pues, además de ser la única que podría plantearse institucionalmente, se consideraba la más rápida y sencilla en el momento.
En cuanto a la posible intervención del Defensor del Pueblo, cuyas recomendaciones han sido tenidas en cuenta para fijar la escala de las contribuciones extraordinarias de la farmacias a la Administración por su volumen de ventas, no pasaría de ser una recomendación.
En la asamblea se decidió que de llevarse adelante tal actuación, se haría después del 1 de junio en que se conozca ya la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial planteada en relación con el sistema de adjudicación de farmacias en Asturias.
