MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, advirtió hoy que pese a los cambios introducidos en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley del Medicamento, que suavizan su impacto económico, la industria farmacéutica perderá entre el 7 y 8,5% de sus ventas en el primer año de aplicación de la ley, lo que supone entre 630 millones y 770 millones de euros.
Arnés, que intervino en una mesa redonda sobre la Ley del Medicamento junto a la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, María Teresa Pages, y el economista Joan Ramón Borrell, indicó que las críticas de la industria farmacéutica al proyecto de ley aprobado por el Gobierno se centra en sus aspectos económico-industriales, y no en los sanitarios.
Así, explicó que aunque afortunadamente se han modificado algunos aspectos del proyecto de ley en la Ponencia del Congreso, principalmente a través de enmiendas de CiU y ERC, aún hay posibilidad de mejorar el texto porque algunas medidas "tienen escasa justificación y deben ser corregidas".
En este sentido dijo que hay aspectos "peyorativos" para el sector, que tendrá que soportar un impacto económico muy elevado pese a los cambios ya introducidos. Según sus cálculos, el sistema de precios de referencia tendrá un coste de entre 400 y 540 millones de euros (entre el 4,5 y 6% de la facturación) que se dejarán de ingresar el primer año de aplicación de la ley. Sobre este aspecto apuntó que pese a toparse la bajada de precios de productos originales en un 30%, esto no va a repercutir en todas las compañías.
Asimismo, el director general de Farmaindustria estima que la rebaja de precio del 20% en los medicamentos de marca con algún genérico en países de la UE tendrá un impacto negativo de 60 millones de euros (un 0,65% del mercado), muy concentrado en unas cuantas compañías. Además, la innovaciones galénica supondrán un coste el primer año de 45 millones (0,5%), y las aportaciones por volumen de compra al SNS, de unos 125 millones (1,4%).
Esta tasa sobre volumen de compras, dijo Arnés, es discriminatoria para el sector farmacéutico, porque ninguna otra actividad económica se ve gravada con un impuesto similar. No obstante, destacó que lo trascendental de esta ley es la falta de reconocimiento en materia de investigación biomédica ya que se discrimina la marca al poner el énfasis el la prescripción por principio activo), y auguró que con la entrada en vigor de la ley, el 30% de los medicamentos estarán sometidos al sistema de precios de referencia, frente al 22,5% actual. Igualmente, criticó la falta de armonización en España con la UE en materia de propiedad industrial.
CIUDADANOS POR ENCIMA DE ELEMENTOS ECONOMICOS.
Por su parte, la directora general de Farmacia, María Teresa Pages, afirmó que el objetivo principal de la ley son los ciudadanos, por encima de cualquier otra consideración o elemento económico, así como racionalizar el gasto farmacéutico para asegurar la sostenibilidad del SNS. "Los pacientes serán los máximos beneficiarios", aseguró.
A este respecto, dijo que la ley pretende mejorar la eficiencia y optimizar la gestión de los recursos, con objetividad y transparencia, al tiempo que se intenta alcanzar un equilibrio entre las medidas que afectan a los distintos sectores de la cadena farmacéutica.
Finalmente, el profesor del Instituto de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, Joan Ramón Borrell, resaltó algunos "efectos perversos" de la regulación farmacéutica, que considera rígida y obsoleta, y apostó por estimular la competencia con la entrada de genéricos para impulsar los precios a la baja.
