SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, ha anunciado que los servicios jurídicos de la federación están analizando la legalidad del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia aprobada este pasado martes por el Gobierno andaluz, el cual recoge como uno de los puntos más importantes y polémicos la licitación de medicamentos mediante concurso público a los laboratorios que oferten el mejor precio.
Redondo, quien ha admitido que no ha tenido ocasión de analizar detenidamente dicho decreto de licitaciones, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que, "a modo general, medidas de este tipo rompen la igualdad y equidad de acceso a la sanidad para todos los españoles".
El dirigente de FEFE, que ha hecho alusión a los recientes recortes que en materia farmacéutica están imponiendo algunas regiones, ha reprochado al respecto que las comunidades "no se dan cuenta de que son meros gestores de un Sistema Nacional de Salud (SNS) y de que no son ellas las que encargadas de establecer las normas de ese sistema".
Al hilo de ello, ha aludido "a los recortes masivos en Cataluña" o a la polémica surgida entre La Rioja y El País Vasco sobre atención a pacientes que viven en zonas fronterizas entre ambas regiones.
"La sanidad debe ser igual para todos los españoles, se sea gallego, asturiano, andaluz o catalán", ha recalcado Redondo, para quien, a su juicio, "ese es el problema real, más allá del texto andaluz". Cuestión distintas, ha matizado, "es que esas licitaciones se hagan a nivel general para todo el SNS, aunque no se sí ese método mejoraría o no el sistema".
En cuanto a la extensión al conjunto del SNS de normas que en un primer momento se han aprobado en una comunidad autónoma, Redondo ha reconocido casos como el de la prescripción por principio que se lleva haciendo desde varios años en Andalucía, si bien ha criticado que durante ese tiempo "el resto de españoles tenían otras prestaciones".
'SUBASTA DE FÁRMACOS EN ANDALUCÍA'
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha estimado recientemente que su departamento prevé que sea a partir de enero próximo cuando esté lista la primera convocatoria pública de licitación de moléculas farmacéuticas --medida conocida como 'subasta de fármacos'-- para los tres primeros subgrupos terapéuticos ya fijados, estos es, la familia de las estatinas, los protectores gástricos y los inhibidores plaquetarios.
Esta medida se incluye dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que Montero ha definido como una "norma rompedora" que persigue "seguir avanzado en la eficiencia económica" del sistema sanitario público andaluz.
De hecho, ya ha avisado de que en el campo de la farmacia "aún existe margen de maniobra" para conseguir mayores ahorros, para lo cual ha puesto como ejemplo que, en España en general y Andalucía en particular, el peso que representa el gasto en farmacia es de un 21,4 y un 22 por ciento respectivamente, frente a la media de otros países de la OCDE, que es del 14 por ciento.
Montero también ha señalado que la norma andaluza "a diferencia de otras --en alusión al 'cataloguiño gallego'-- no toca los márgenes de las oficinas de farmacia ni de la distribución, potestad que le corresponde al Ministerio de Sanidad, junto a la de fijar los precios mínimos de los medicamentos.
AHORROS DE 40 A 200 MILLONES
Este cuanto al proceso de selección, el mismo estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones).
Montero ha estimado que el ahorro estimado con esta subasta de fármacos se moverá en una horquilla de entre 40 y 200 millones de euros, "sin que ello signifique ninguna merma en la calidad de los fármacos ni en la libertad de prescripción del facultativo", ha puntualizado.
