Sanidad recibe cerca de 400 alegaciones tras finalizar la fase de audiencia pública del texto
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Farmaindustria ha anunciado este lunes la presentación de una serie de alegaciones encaminadas a mejorar el anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios, como la inclusión de procedimientos para cumplir con un plazo de 180 días para la decisión de financiación y precio, que en la actualidad es de 344 días, cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años.
Además, este plazo debería "llegar" a los 90 días en el caso de medicamentos para enfermedades en las que no existe alternativa de tratamiento, o que supongan un beneficio terapéutico relevante, a través de una financiación acelerada.
El organismo ha considerado que esta futura ley brinda una "oportunidad única" para aprovechar las innovaciones del futuro, y que sus medidas buscan impulsar una mayor inversión en salud a través de la innovación biofarmacéutica, las nuevas tecnologías y la producción de medicamentos en Europa y en España, al mismo tiempo que se consigue que la población española cuente con los tratamientos más innovadores posibles.
Tras finalizar su fase de audiencia pública, el texto ha recibido cerca de 400 alegaciones de diferentes organizaciones, aunque el Ministerio de Sanidad ha matizado que muchas de ellas están repetidas, pues los diferentes agentes implicados coinciden en sus propuestas.
"El medicamento no debe ser considerado como una partida de gasto público, sino como una estrategia de inversión. El principal objetivo es mejorar la salud de la población, a la vez que también contribuye a la sostenibilidad del estado del bienestar; genera ahorros en otras partidas presupuestarias como hospitalizaciones y bajas laborales, y contribuye a la productividad y al empleo, y, por tanto, al crecimiento económico", ha asegurado la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós Canela.
Otra de las propuestas realizadas por hace referencia a la reducción de las demoras en la disponibilidad de medicamentos innovadores producidas por el procedimiento de compra pública, explicando que el procedimiento habitual de compra pública "no es adecuado" para adquirir este tipo de bienes esenciales, motivo por el que ha instado a regular un procedimiento especial que facilite la compra de medicamentos exclusivos ágil y sencilla.
Para ello, la realización de una evaluación científica de calidad durante la fase previa a la decisión de financiación puede evitar sucesivas evaluaciones tanto regionales como a nivel hospitalario, evitando retrasos burocráticos.
Del mismo modo, Farmaindustria ha propuesto garantizar el principio de igualdad territorial y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los medicamentos de forma equitativa.
UN ANTEPROYECTO CENTRADO EN POLÍTICAS DE AHORRO A CORTO PLAZO
Por otro lado, Farmaindustria ha criticado este documento al considerar que no refleja la visión del medicamento como una inversión, y que además está "impregnado" de una visión centrada en las políticas de ahorro a corto plazo, poniendo como ejemplo que contempla "continuas referencias" a la necesidad de contar con informes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), cuando los criterios de financiación y precio "no deberían" atribuirse a este órgano por contar con dimensiones clínicas, asistenciales y sociales.
Con el objetivo de fortalecer el tejido industrial y fomentar la autonomía estratégica, la asociación ha propuesto sustituir el nuevo régimen de precios seleccionados que recoge el Anteproyecto por un sistema de precios dinámicos, dirigido a promover la competencia y asegurar el suministro de medicamentos.
"Ya somos un país líder en investigación clínica, y en producción, nuestras más de cien plantas de fabricación de medicamentos de uso humano nos sitúan como uno de los países europeos con mayor potencial de fabricación en un momento en el que los medicamentos han demostrado ser un bien estratégico y de seguridad para los Estados", ha añadido Lladós.
Aunque la ampliación de las aportaciones al Sistema Nacional de Salud que realizan las compañías farmacéuticas por la venta en oficina de farmacia a la venta de medicamentos a hospitales, punto ya contemplado en el texto, Farmaindustria cree que se podría mejorar en cuestión de transparencia sobre el destino de esa contribución.
"Las alegaciones presentadas por Farmaindustria son propositivas, con el ánimo de estar siempre a disposición del Ministerio de Sanidad para mejorar esta Ley, porque se trata de una gran oportunidad para adecuar el mundo del medicamento a la revolución tecnológica que vivimos y que nos debe servir para mejorar la salud de los ciudadanos e impulsar un sector estratégico para este país", ha concluido Lladós.
Todas estas propuestas se suman a las ya realizadas por organizaciones como el Consejo General de Médicos (CGCOM), el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional, el Consejo General de Colegio Farmacéuticos, la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) o la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), muchas de ellas críticas con el mencionado Sistema de Precios Seleccionados, que podría causar "problemas" de suministro.
Así, el CGCOM ha recalcado que la ley debería versar sobre los medicamentos y productos sanitarios y no sobre la prescripción médica, lamentando que se introduzcan modificaciones "cruciales" en las competencias de las diferentes profesiones sanitarias, motivo por el que SIME ha instado a preservar la prescripción médica como competencia "específica y propia" del personal médico.
Mientras tanto, SEMAP ha reclamado el establecimiento de un marco competencial "propio y actualizado" para la prescripción enfermera en un plazo máximo de 6 meses, así como reconocer el diagnóstico enfermero y eliminar el concepto exclusivo de diagnóstico médico.
En el caso de los farmacéuticos, han pedido garantizar con seguridad el empoderamiento del paciente con el apoyo del farmacéutico como experto en el medicamento, y BioSim ha exigido garantizar que la normativa tenga en cuenta las particularidades de los medicamentos biosimilares.
