MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) ha solicitado, durante el 'I Foro Conversaciones sobre botica', organizado con la colaboración de Cícero Comunicación, aumentar la inversión para que garantizar la supervivencia de su sector en los pueblos pequeños.
Y es que, desde que comenzó la crisis, las farmacias del entorno rural viven una situación agónica que podría llevar a muchas de ellas al cierre definitivo, una situación que podría afectar a los más de 14 millones de personas que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, dejando sin este servicio sanitario a los más de 750.000 habitantes que viven en municipios con poblaciones inferiores a 500 habitantes.
Entre los factores que condicionan la vulnerabilidad de la farmacia rural, el presidente de SEFAR, Francisco Javier Guerrero, ha destacado la imposición de una retribución común, una mala localización, la tipología de la población a la que atienden, precariedad laboral, y la dependencia de sus ingresos (en un 90-95%) de la dispensación de recetas.
"Se necesita un sistema que garantice a estos establecimientos poder cubrir sus gastos fijos, y a sus titulares obtener unos ingresos netos equiparables a los de un farmacéutico de atención primaria, y recuerda que la facturación media de la farmacia rural es un 88,58 por ciento inferior a la de la farmacia media tipo", ha aseverado Guerrero.
Por ello, ha destacado la necesidad de evaluar a priori el impacto que puedan tener sobre las partes "más débiles", en este caso las farmacias rurales, aquellas medidas que desde la Administración decidan tomarse como consecuencia de la crisis económica, y por otro, aplicar un incremento de las aportaciones que reciben estas farmacias más vulnerables.
"La situación en la que se encuentra la botica rural responde, fundamentalmente, a un uso inadecuado de los recursos públicos. La farmacia rural constituye, en número, el 4,53 por ciento de la red de farmacias, sin embargo solo consumen el 1 por ciento de los recursos que aporta el Estado", ha enfatizado el presidente de SEFAR, para apelar a una redistribución de los recursos públicos, pasando del 1 por ciento actual al 1,5 por ciento.
Y es que, a su juicio, un sistema como el actual, regulado para garantizar el acceso a la prestación en condiciones de libertad e igualdad, ninguna farmacia debería cerrar por problemas económicos, y menos en el entorno rural, ya que son éstas las que garantizan la universalidad de la prestación.
LA RESPUESTA DE LOS POLÍTICOS
En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, José Martínez Olmos, ha reconocido que el modelo retributivo "no es el adecuado" para el contexto actual y que, a pesar de las dificultades que implica su cambio, es necesario hacer reformas. Por ello, ha propuesto, como primer paso imprescindible, establecer unos criterios y determinar cuáles son las farmacias que están en riesgo de desaparecer y que son imprescindibles para la población, y a partir de ahí comenzar a trabajar.
Asimismo, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Fernando Navarro, ha comentado que la contención del gasto se ha centrado en los medicamentos dispensados con receta y, además, se ha hecho de forma lineal, de modo que las "grandes farmacias" han podido aguantar, pero las pequeñas están sufriendo muchísimo. En su propuesta, Navarro ha abogado por modificar la estructura de beneficios y que la rentabilidad no recaiga solo en el medicamento con receta.
"Somos conscientes de que en las farmacias rurales, un alto porcentaje de las ventas son con receta y no tienen acceso a otro tipo de venta libre, que sí tienen las farmacias urbanas y a las que han recurrido para sobrevivir a la situación de crisis", ha señalado el dirigente de Ciudadanos.
Por su parte, el secretario ejecutivo de Sanidad en el PP, José Ignacio Echániz Salgado, ha defendido el modelo de farmacia vigente, aunque ha subrayado de la necesidad de tomar medidas que impulsen la farmacia rural desde un punto de vista legislativo, así como de mejorar los instrumentos que nos permitan conservar uno de los elementos más importantes de nuestro Sistema Nacional de Salud.
UN SERVICIO REGULADO POR EL ESTADO
En este sentido, el presidente de SEFAR ha recordado que el Estado es el que regula el servicio de farmacia, con el fin de garantizar una prestación universal a toda la población con independencia de donde ésta viva, pero ha avisado de que la regulación "parece no estar resultando satisfactoria".
"Existe una incongruencia, porque por un lado se defiende el actual sistema regulado, pero por otro lado, estos partidos (en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos) aceptan el secreto de las negociaciones del Tratado del Libre Comercio (TTIP) con Estados Unidos, donde el sistema de farmacia tiene una regulación completamente diferente a la de España", ha enfatizado el secretario de Salud de IU en Madrid, José Andrés Llamas.
Respecto a las consideraciones sobre el gasto farmacéutico, Llamas ha señalado la importancia de hacer un diagnóstico para definir qué unidades se financian, cuáles no y cuáles son las que intervienen realmente en el incremento del gasto farmacéutico. "Si aplicamos las medidas a partir de un correcto diagnóstico de la situación, evitaríamos las consecuencias indeseadas que luego se dan en ámbitos concretos del sistema como las farmacias rurales", ha señalado.
Finalmente, la responsable de Sanidad en Podemos, Ana Castaño Romero, ha aportado por implantar un nuevo modelo de redistribución y una serie de mecanismos que determinen qué otros servicios sanitarios puedan entrar a formar parte de la oferta de la oficina de farmacia, para que no dependiera exclusivamente de la cuestión mercantil, de lo que venda o no venda.
"Es un buen momento para empezar a debatir sobre la prestación sociosanitaria y comunitaria que puede ofrecer la farmacia y que, desde la farmacia rural, sería el modo de empezar a poner en marcha esta nueva redistribución", ha zanjado Castaño Romero.
