MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización Farmacéutica Colegial considera que las medidas específicas que incluye el proyecto de Real Decreto que regula la viabilidad económica de las oficinas de farmacia rural y zonas deprimidas, dado a conocer por el Ministerio de Sanidad esta semana con el objetivo de salvaguardar este tipo de farmacias, "solo son un primer paso".
Valora positivamente las consideraciones incluidas en este proyecto normativo que modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la dispensación de medicamentos, sometido al trámite de audiencia y consulta pública.
"A falta de realizar un estudio del impacto económico sobre el alcance de las modificaciones", comparten el reconocimiento de estas farmacias como "el primer eslabón de la cadena sanitaria y -en muchas ocasiones- el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural". Además, añaden, "constituyen un elemento de cohesión social y de desarrollo, actuando como factor de arraigo y fijando población, lo cual tiene un impacto marcadamente positivo de cara a afrontar el reto demográfico".
Sin embargo, ven preciso que se completen con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde radican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías.
El Consejo General considera que el índice corrector se siga aplicando a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de su ubicación. Todo ello, con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal.
Del mismo modo, el Consejo General plantea a las Administraciones un ambicioso conjunto de actuaciones para fortalecer la atención sanitaria y social que desarrolla toda la red de farmacias, especialmente desde el ámbito rural.
Entre ellas, destacan la aplicación de incentivos fiscales; la remuneración de los servicios de urgencia; la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en beneficio de la población a la que atienden, y entre los que se incluyen programas de adherencia, seguimiento y cronicidad; sistemas personalizados de dosificación; conciliación de la medicación al alta hospitalaria; y la participación en programas y actividades de salud pública, prevención, cribado y detección precoz de enfermedades.
Asimismo, en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, impulsando su colaboración en detección de personas en riesgo de vulnerabilidad y atención social; la asistencia a drogodependientes; la detección de situaciones de abandono o soledad de personas mayores; o la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.
