MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el sindicato de Enfermería (SATSE), ha elaborado un folleto informativo para que ciudadanos, profesionales y la sociedad conozcan que la implantación de farmacia comunitaria supone un paso hacia la privatización de la sanidad pública.
Además, prosigue, conlleva un gasto adicional para administraciones y ciudadanos por realizar unos servicios asistenciales que "nos les corresponden" y que ya prestan de manera gratuita, los profesionales de Enfermería y médicos de Atención Primaria.
Con el título 'La atención sanitaria NO es un negocio', más de 100.000 folletos informativos se distribuirán, inicialmente, en los centros de salud de Atención Primaria de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Cataluña y Galicia. Todas ellas son comunidades autónomas en las que se ha constatado un especial interés de desarrollar la farmacia comunitaria con la "complicidad y dejar hacer" de las correspondientes consejerías de salud.
En el caso de la Comunidad de Madrid, ya existe un proyecto de Ley de Farmacia, pendiente de aprobación en la Asamblea de Madrid, que posibilita que los empresarios farmacéuticos acudan a los domicilios para realizar actuaciones asistenciales que no les corresponden y que desarrollan los profesionales sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
En este sentido, en el folleto se subraya que el objetivo de la farmacia comunitaria no es otro que aumentar sus beneficios económicos y, por ello, los farmacéuticos pretenden cobrar por realizar una atención sanitaria para la que no están ni capacitados ni habilitados.
Entre otras actuaciones, se destacan la administración de vacunas; la detección y seguimiento de la diabetes; el control del paciente anticoagulado y prevención del ictus; la atención a domicilio; la revisión de botiquines y el seguimiento y atención al paciente crónico.
Asimismo, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se ha informado de que los farmacéuticos están especializados en medicamentos, pero no en asistencia sanitaria y, por ello, la ley no les faculta en este tipo de intervenciones, ya que supondría un riesgo para la salud de los ciudadanos.
"La farmacia comunitaria no está reconocida como especialidad y, por tanto, no está regulada por ninguna norma, decreto o ley. Por el contrario, las enfermeras y enfermeros y médicos, desde la independencia y sin intereses económicos de ningún tipo, ejercen y garantizan una atención sanitaria pública de calidad, tanto en el centro de salud como en los domicilios, y una asistencia totalmente adecuada a las necesidades de cada momento vital de las personas", han explicado en el folleto.
Por otra parte, las organizaciones han recordado que España es el único país del mundo donde para ser dueño de una oficina de farmacia hay que ser farmacéutico, lo que les ha permitido aprovecharse de esta situación de privilegio y falta de competencia.
"La oficina de farmacia es un establecimiento comercial en el que se venden, en la actualidad, todo tipo de productos, muchos de los cuales no son medicamentos y otros carecen de evidencia científica que los avale, añade, apuntando que, debido a la caída en sus beneficios en los últimos años, buscan compensar sus ingresos mediante otras actividades entre las que se encuentra la farmacia comunitaria, la cual se excede claramente de sus competencias y pone en riesgo la salud de los ciudadanos", han denunciado los enfermeros.
Además de la distribución de estos folletos informativos en los centros de salud de Atención Primaria, la Mesa de la Profesión Enfermera ha anunciado que seguirá trasladando a los responsables de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, así como al Ministerio de Sanidad, su rechazo a la farmacia comunitaria, pidiéndoles que "no sean partícipes del afán privatizador y de beneficio económico" de los empresarios farmacéuticos, y velen por una atención sanitaria de calidad potenciando la enfermería de atención familiar y comunitaria, así como la seguridad de los ciudadanos.
