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SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado este miércoles el Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y que contiene, entre otros aspectos, la adjudicación mediante convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de la comunidad con cargo a la Administración pública, una medida conocida como 'subasta de fármacos'.
Tal como recoge el BOPA consultado por Europa Press, la finalidad primordial del presente Decreto-ley radica en la adopción de medidas que "coadyuven" en la consecución de los objetivos de reducción del déficit público, a los que "la actual coyuntura económica obliga", junto a la necesidad de reforzar y profundizar en la experiencia del sistema sanitario público sobre prescripción y dispensación de medicamentos por principio activo por denominación genérica, para mejorar el margen de eficiencia en la prestación farmacéutica de la Junta de Andalucía.
"La situación de inestabilidad financiera, que obliga a la reducción de los objetivos de déficit, hace perentoria la implementación de las medidas que se adoptan con la presente norma, para que surtan sus efectos desde el inicio del próximo ejercicio económico, por su impacto en la reducción del gasto público", alega desde el Gobierno andaluz.
Precisamente, el pasado 22 de diciembre el Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con los votos del PSOE e IULV-CA, mientras que el PP-A se abstuvo, la convalidación de este Decreto-ley, el cual no fue tramitado finalmente como proyecto de ley, ya que el PSOE-A votó en contra de esa petición del PP-A, que sí fue apoyada por IULV-CA.
De hecho, la diputada del PP-A Ana María Corredera indicó que este decreto es fruto de la "imposición" de la Junta, que prácticamente ha "declarado la guerra" al sector farmacéutico, el cual, se va a ver perjudicado, no en su margen de beneficios, pero sí en las bonificaciones que ahora tiene y que pasarán a la Administración.
En su opinión, la Junta ha jugado con el sector y lo "ha traicionado" y ha indicado que los grandes perjudicados serán los pequeños y medianos laboratorios.
Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo expresó que veía bien el decreto porque es una forma de hacer natural y corriente el uso de genéricos frente a las marcas, al igual que la diputada del PSOE-A Rosa Ríos aludía a que es un decreto que ayuda a la sostenibilidad del sistema.
AHORRO ESTIMADO
Tal y como ya ha explicado en numerosas comparecencias del ramo la consejera de Salud, María Jesús Montero, la estimación de ahorro anual que su departamento prevé que genere esta iniciativa oscila en una horquilla que va entre 40 y 200 millones de euros, según se vayan sumando nuevos subgrupos terapéuticos (de momento sólo tres grupos) a la licitación pública de los medicamentos.
En cuanto al proceso de selección y licitación, el mismo estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. La iniciativa comenzará por tres de los 400 subgrupos terapéuticos más consumidos: los protectores gástricos (se consumen anualmente medicamentos por valor de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones), y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos y disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Se prevé que las convocatorias públicas comiencen su tramitación este mismo mes de enero.
AYUDAS A LA FARMACIA RURAL Y CRITICAS DE OTROS SECTORES
El Decreto Ley contempla también la creación de un Fondo de Ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeñas poblaciones aisladas, que ofrecen servicio público sin ser rentable en muchos casos, al que la Consejería de Salud destinará el diez por ciento de los beneficios que se obtengan con la aplicación de la norma, hecho aplaudido y defendido desde la Sociedad Española de Farmacia Rural-SEFAR, con sede en Sevilla.
No obstante, el anuncio y la posterior aprobación de la norma ha levantado la polémica entre un amplio abanico del sector de la farmacia, entre ellos, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, la Federación de la Distribución Farmacéutica (FEDIFAR), la patronal española de la industria farmacéutica Farmaindustria o más recientemente la Confederación Empresarial de Oficina de Farmacia de Andalucía (CEOFA), que acusó a la Consejería andaluza de Salud de querer "cubanizar" la sanidad pública con esta medida.
