MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Farmacéuticos ha advertido este lunes de que liberalizar la regulación de las oficinas de farmacia, como ha reiterado en un informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC "pone en riesgo la equidad y el acceso a los medicamentos y que no cuenta con apoyo social ni político", y piden "reforzar y proteger un modelo que funciona".
La CNMC ha publicado una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de fármacos en España, en la que comenta que su recomención de flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de Farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio "sigue siendo bajo" y lamenta que "España mantiene una de las regulaciones más restrictivas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".
Los farmacéuticos recuerdan estas propuestas ya fueron rechazadas en 2015 por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas y que "el medicamento no puede abordarse desde una visión exclusivamente mercantil ni someterse a una liberalización sin límites que ignora la realidad sanitaria, social y territorial de nuestro país".
En este sentido, el órgano colegial de los farmacéuticos recuerda que, por ley, la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario y el medicamento un bien esencial para la salud de los pacientes, y que la red de farmacias es parte del Sistema Nacional de Salud y constituye un recurso sanitario esencial integrado en la atención a los ciudadanos.
"La planificación farmacéutica no constituye una barrera arbitraria a la competencia, sino una garantía de equidad territorial y cohesión sanitaria --argumentan--. Su finalidad es asegurar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso al medicamento y a la atención farmacéutica en condiciones de igualdad".
En este sentido, subrayan que con este modelo "España dispone hoy de una de las redes de farmacias más accesibles y capilares, con el mayor número de farmacias por habitante de toda Europa", con más de 22.231 farmacias comunitarias, con una farmacia por cada 2.187 habitantes lo que permite que el 99% de los españoles dispone de una farmacia en su localidad, que en ocasiones constituye el único recurso y profesional sanitario accesible para la población.
"MEDIDAS YA PLANTEADAS Y DESCARTADAS"
La CNMC argumenta en su informe que, "a partir de la experiencia de Navarra -con una regulación de mínimos desde el año 2000-, se estima que flexibilizar la apertura de farmacias en el resto de las comunidades autónomas permitiría crear, al cabo de 10 años, unas 20.000 farmacias nuevas y 45.000 nuevos puestos de trabajo, en su mayoría cualificados".
Sin embargo, los farmacéuticos lamentan que la CNMC recupere medidas ya planteadas y descartadas hace años encaminadas a desarticular el modelo español de farmacia y ve "especialmente preocupante que la CNMC continúe desde hace décadas insistiendo en una agenda de liberalización que cuestiona elementos esenciales del modelo farmacéutico español".
Así, apuntan que la experiencia internacional demuestra que cuando los intereses económicos sustituyen a la planificación sanitaria, se concentran las farmacias en zonas concretas y se abandonan zonas vulnerables, lo que provoca pérdida de accesibilidad al servicio y desigualdades sanitarias.
"Es completamente irreal plantear que una liberalización del modelo pudiera incrementar el número de farmacias que en España que es ya el más amplio de la Unión Europea. Mientras la CNMC insiste en avanzar hacia modelos más liberalizados, numerosos países europeos afrontan graves problemas de sostenibilidad y acceso real a los medicamentos con cierre de farmacias y modelos dominados por grandes cadenas verticales que han creado con frecuencia auténticos desiertos farmacéuticos que afectan especialmente a la población vulnerable como mayores que no pueden desplazarse, a las zonas rurales y las de menor renta", apuntan.
Advierten de que "reducir la farmacia a una mera actividad económica como propone el informe de la CNMC supone ignorar deliberadamente su dimensión sanitaria y social y pone en riesgo un modelo que ha permitido garantizar en España uno de los mayores niveles de accesibilidad y equidad farmacéutica de Europa", y apelan a que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado expresamente este modelo por razones de salud pública, seguridad del paciente y garantía de abastecimiento".
