Montero acusa al PP de querer "boicotear" el proceso de negociación pretendiendo "revelar detalles en plena negociación"
SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz en materia de Sanidad del grupo parlamentario 'popular' en el parlamento andaluz, Ana María Corredera, ha advertido este miércoles de que el proyecto denominado como 'subasta de fármacos', en el que está trabajando la Consejería de Salud y que persigue adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato, "pone en jaque" la igualdad en el acceso de los medicamentos de los andaluces.
Durante la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Corredera Quintana, quien ha reprochado que la Consejería de Salud no haya dado a conocer "ni tan siquiera las grandes líneas de la propuesta andaluza" por encontrarse en plena negociación, ha alertado en cualquier caso de sus "dudas" sobre la "legalidad o no" de este proyecto, de la misma forma "que también lo ha hecho el propio Ministerio de Sanidad, al entender que infringe la materia reguladora de fijación de los precios de los medicamentos", que es competencia de Sanidad.
La portavoz 'popular' también ha advertido de que este proyecto, "tal como se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación", infringe la norma reguladora de los descuentos "a efectos de garantizar la independencia de intereses comerciales". De hecho, ha recordado que "sólo se admite descuentos por pronto pago y volumen de compras que sean del 5 por ciento y que partan de las distribuidoras a las oficinas de farmacia, no para que se beneficie la administración".
Ha concreto, que la ley estatal fija que sólo se admiten los descuentos que cumplan como requisitos el que se trate de descuentos por pronto pago o por volumen de compras; que se realicen por los distribuidores a las oficinas de farmacia que no superen el porcentaje del 5 por ciento para los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud, ampliable hasta un 10% en el caso de medicamentos genéricos; el que no se incentive la compra de un producto frente al de sus competidores y el que queden reflejados en la correspondiente factura.
"Pero lo que he leído es que esos descuentos irían a la Administración, lo que supondría una rebaja en la práctica del precio fijado de por sí por Sanidad", ha reprochado Corredera, quien ha advertido sobre este hecho que "me parece que cuanto menos roza la ilegalidad".
Del mismo modo, ha opinado que este proyecto, "insisto según lo que ha trascendido de él, atenta contra la libre dispensación de medicamentos por parte de los profesionales sanitarios", toda vez que "pone en jaque la igualdad de acceso a los medicamentos por parte de los usuarios".
EXPULSIÓN DEL MERCADO DEL RESTO DE EMPRESAS
Además, ha denunciado que las empresas que no ganen el concurso del SAS "estarán en la práctica expulsadas del mercado porque el SAS genera el 80 por ciento del mercado".
"Me parece que la propuesta puede llevar un importante ahorro para las arcas públicas, tal y como ha salido, pero me parece que hay que andar con pies de plomo porque puede afectara distintos colectivos", ha puntualizado la dirigente del PP, quien también ha reprochado que desde el propio sector farmacéutico, que tradicionalmente ha colaborado con la Administración, "también me han dicho que están recibiendo presiones para que se acepte esta propuesta unilateral".
De hecho, la Confederación Empresarial de Oficina de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ya dijo a Europa Press que tal y como está planteado el proyecto del SAS, al menos lo que ha trascendido del mismo, para el mismo existe "un buen número de disposiciones normativas" que apuntan a la "ilegalidad" de dicha medida.
También el propio presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, ha advertido recientemente en una entrevista concedida a Europa Press que llevarán el caso ante los tribunales de llevarse a efecto, entre otros motivos, porque "todo el estamento farmacéutico español está, en general, en desacuerdo con medidas autonómicas que supongan una diferenciación de las medidas que se puedan tomar a nivel nacional".
MONTERO RÉPLICA
Ya en el turno de réplica, la titular de Salud, María Jesús Montero, ha reprochado a Corredera Quintana que "es la primera vez que se pide la comparecencia de una consejera para que cuente algo antes de que se llegue a un acuerdo".
"Entenderá que cuando hay una conversación en curso uno no se dedique a radiar y revelar la estrategia de negociación y que respete ese trabajo", ha ironizado Montero, quien ha acusado al PP de "querer simplemente boicotear la negociación". Así, se ha cuestionado el hecho de que "cuando se ha visto que alguien revele la plena negociación y hasta donde están dispuestas a llegar cada una de las partes".
Del mismo modo, ha asegurado que Salud "nunca aprobaría algo que sepa que contraviene la ley" estatal y ha declarado, al hilo de ello, que no modificarán los precios que fija el Ministerio, aunque en el capítulo de los descuentos ha dicho que los mismos se aplican "en el marco legal, igual que cuando se saca a concurso la licitaciones en el ámbito hospitalario".
"El pensamiento es libre y cada uno puede interpretar lo que quiera", ha proseguido Montero en alusión a los "temores" mostrados por el PP sobre la posible ilegalidad de la medida, toda vez que ha replicado que desde su departamento "tampoco tenemos información de que el Ministerio tenga previsto dos decretos que imposibiliten o frenen varios proyectos, entre ellos el nuestro".
"INCOHERENCIA" DEL PP
Además, ha aprovechado para acusar al PP de ser "incoherente" con lo que pide en una u otra comunidad, en referencia a la aprobación por parte del Gobierno gallego del catálogo de precios de fármacos, una ley "que sí que limita la libertad de prescripción".
"El PP tiene una doble vara de medir, además de que en este caso sí que Sanidad ya le ha puesto un recurso de inconstitucionalidad a la ley aprobada por Galicia", ha proseguido Montero.
AHORRO DE 461 MILLONES EN POLÍTICAS DE CONTENCIÓN
Al margen de este proyecto, Montero ha defendido por otra parte que las políticas de contención del gasto farmacéutico en Andalucía han permitido ahorrar 461 millones de euros desde 1992. Montero, ha explicado que el aumento del gasto en Andalucía, incluidos los medicamentos financiados por la Junta, ha sido del 193,24 por ciento frente al 260 por ciento del conjunto nacional.
En esta línea, ha recordado el esfuerzo que se realiza en la comunidad para controlar el gasto farmacéutico, lo que ha permitido que el decrecimiento de Andalucía haya sido de medio punto más que el del conjunto del estado (situado en el 2,38%).
Así, ha aludido a medidas como la prescripción por principio activo (desde 2001) y la implantación de la receta electrónica (desde 2003) "que han contribuido a contener el gasto farmacéutico y generar un gasto más eficiente del mismo".
