Se baraja que, "en breve", se produzca alguna nueva detención "en otra provincia" y que se investiguen "otros asilos en Andalucía"
SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles a la consejera de Salud y Bienestar Social de la comunidad, María Jesús Montero, que "extreme la vigilancia y el control del fraude farmacéutico" en la comunidad y que aclare "qué está ocurriendo en los geriátricos andaluces" tras los presuntos abusos cometidos con las tarjetas sanitarias de varios pensionistas ya fallecidos en residencias de mayores de Jerez, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.
En una nota, Crespo ha aconsejado al Gobierno andaluz que "abandone la confrontación" y "se centre en la investigación" de los presuntos abusos cometidos con las tarjetas sanitarias de estos pensionistas, al tiempo que ha aprovechado para expresar su "satisfacción" por la actuación de la Guardia Civil de Cádiz, tras conocerse que ha efectuado este mismo miércoles una nueva detención en el marco de la denominada 'Operación Pócima'.
En total, se elevan ya a seis el número detenidos acusados de adquirir fraudulentamente medicamentos financiados por la Seguridad Social, usando para ello las tarjetas electrónicas sanitarias de pensionistas fallecidos.
La persona detenida este miércoles por su implicación en este fraude detectado en los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y San Fernando es el director de un centro de mayores de esta última localidad, que ha sido puesto a disposición judicial junto a los cinco directores de geriátriacos de la provincia detenidos con anterioridad e imputados por la Guardia Civil en este "fraude masivo de compra de medicamentos financiados por la Seguridad Social" por un presunto delito de estafa.
INVESTIGACIÓN ABIERTA
Crespo ha dicho, además, que la investigación sigue abierta y que no se descarta que, "en breve", se produzca "alguna nueva detención en otra provincia andaluza" y que, "a corto y medio plazo, se investiguen otros asilos en Andalucía", lo que "confirma la preocupación del Gobierno por extremar la vigilancia y el control del gasto farmacéutico por parte de las administraciones".
"Especialmente en el caso de los medicamentos que financiamos parcialmente con los impuestos de todos los españoles y dada la delicada situación financiera de la sanidad pública", ha agregado Crespo en su nota.
En este sentido, se ha preguntado "cómo es posible que la consejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, cuestionara públicamente la veracidad de las afirmaciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando denunció que se estaban cometiendo fraudes en la compra de medicamentos con las tarjetas de pensionistas españoles", especialmente porque, "según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones en Cádiz se iniciaron a raíz de un informe de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía", agrega en su comunicado.
MONTERO "MINTIÓ"
"Cuesta creer que la consejera no controle lo que ocurre en la sanidad andaluza y que sus servicios de inspección no le informen de sus investigaciones, de lo que se deduce que mintió cuando dijo desconocer que en Andalucía existe fraude con las cartillas de los pensionistas para no pagar los medicamentos", ha dicho la delegada
"Es lamentable que se cuestione la credibilidad de una ministra por el mero afán de oposición a las políticas de control del gasto impulsadas por el Gobierno de España para sanear las cuentas, pagar las facturas pendientes y hacer sostenible el sistema sanitario en condiciones de igualdad para todos los españoles".
A este respecto, ha recordado que la Junta de Andalucía "tenía en los cajones 700.000 facturas de proveedores de la SAS que sumaban un importe de 2.500 millones de euros y que se acaban a abonar gracias al plan de pago impulsado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".
Crespo se ha mostrado convencida de que el decreto de sostenibilidad del sistema sanitario aprobado por el Gobierno de España hará posible el mantenimiento de un sistema sanitario público, gratuito y universal y ha mostrado su convencimiento de que dicho decreto "no vulnera las competencias" de las comunidades.
Finalmente, ha felicitado a la Guardia Civil y a los servicios de Inspección de Farmacia por el "magnífico trabajo de colaboración realizado" y ha pedido a la titular de Salud de la Junta "que se ponga a trabajar para averiguar qué está ocurriendo en los geriátricos andaluces y evaluar cuántos fármacos financiados por la Seguridad Social han sido adquiridos gratuitamente por defraudadores y estafadores en los últimos años".
