Además ofrece su colaboración para buscar soluciones al problema financiero de las comunidades autónomas en materia sanitaria
SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La patronal Farmaindustria se ha unido este miércoles a las criticas y oposición expresada por el sector farmacéutico andaluz al 'Plan de Estabilidad para la Farmacia Andaluza' que pretende implantar la consejera de Salud de la comunidad, María Jesús Montero, así como a la decisión de iniciar el desarrollo de los marcos normativos necesarios para implementar algunas de las medidas previstas en él a pesar de no contar con el apoyo de los agentes del sector.
Así, y frente a la postura del Gobierno andaluz, la industria farmacéutica innovadora ya ha mostrado su "honda preocupación" a la posibilidad de que se imponga un procedimiento de licitación o subasta de medicamentos que obligaría a las farmacias andaluzas a dispensar exclusivamente el medicamento o producto sanitario concreto que, dentro de un subgrupo farmacéutico, haya decidido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "excluyendo otros que se encuentran al precio nacional autorizado".
Entienden desde Farmaindustria que esta medida supondría un nuevo caso de ruptura de la unidad del mercado farmacéutico en España y de la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), además de una "clara discriminación" a los pacientes andaluces, "que pueden ver excluidos de la prestación farmacéutica medicamentos que cumplen todos los requisitos legales para recibir financiación pública, y que están financiados en el resto de comunidades autónomas".
Asimismo, han cuestionado que desde el punto de vista jurídico y legal se pueda llevar a cabo la medida de la Junta andaluza, al entender que se invade las competencias exclusivas del Estado, que es el que decide los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica del SNS y su precio, y que se consagran tanto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, como en la Ley del Medicamento.
Además, ha advertido de las "graves consecuencias" que tendrá para las compañías farmacéuticas cuyos productos "pueden quedar excluidos de la prescripción y dispensación en Andalucía", y muchas de las cuales serían "expulsadas del mercado".
En este contexto, han aludido al hecho de que la industria, la distribución y las farmacias ya ha sufrido importantes recortes por la política de control del déficit público, como consecuencia de los Reales Decretos Ley 4/2010 y 8/2010.
Esta nueva iniciativa llevaría así al sector a una "situación inasumible en la comunidad andaluza", que se traducirá en "importantes pérdidas de empleo, con el riesgo de que se deteriore un servicio básico para la población".
Por ello, Farmaindustria ha ofrecido su colaboración para buscar soluciones al problema financiero de las comunidades en materia sanitaria, convencida de que "sólo dotando de más recursos al SNS será posible afrontar las dificultades actuales sin el riesgo de reducir el nivel y la calidad de la prestación".
