SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) ha presentado en el registro oficial del SAS un recurso de alzada contra la resolución de de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anunció la convocatoria del primer concurso de licitación pública de medicamentos a los laboratorios que oferten el mejor precio al SAS --medida conocida como subasta de fármacos--.
Según los fundamentos jurídicos del recurso del CACOF, recogidos por Europa Press, la convocatoria pública efectuada por el SAS "vulnera flagrantemente" normas estatales con rango de Ley Básica, por lo que resulta nula de pleno derecho.
Para el CACOF, los motivos de nulidad se sustentan en que la convocatoria "invade" competencias estatales; "vulnera" la normativa sobre fijación del precio de los medicamentos y financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), y "crea desigualdades" entre los ciudadanos en la asistencia farmacéutica al "limitar el catálogo" de prestaciones "disminuyendo los derechos en la elección de fármacos" --Ley 41/2002 de 14 de noviembre-.
Del mismo modo, los boticarios andaluces sostienen en su recurso de alzada que la 'subasta de fármacos' "atenta" contra la libre concurrencia y competencia al "limitar" la posibilidad de licitación para laboratorios que tengan una capacidad de producción limitada y propicia, "no se justifica" la forma en que se determina el número de presentaciones a seleccionar en cada uno de los medicamentos y "vulnera el principio constitucional de igualdad en el Anexo I sobre el ámbito de dispensación de cada presentación seleccionada". Por todo ello, ha pedido la "suspensión" de la ejecución de dicha resolución.
FARMAINDUSTRIA, CEOFA y AESEG
Este anuncio de alzada viene después de que a comienzos de este mismo mes la patronal de la industria farmacéutica 'Farmaindustria' anunciase que solicitará al Gobierno central que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto-Ley andaluz que permite la licitación pública de medicamentos, toda vez que también anunciaba que sus servicios jurídicos están estudiando la adopción de acciones legales contra esta resolución del SAS.
Para Farmaindustria, la decisión de la Junta de Andalucía también "vulnera e invade" competencias constitucionales "propias y exclusivas del Estado", en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS.
Asimismo, argumenta que supone una "vulneración" de lo dispuesto en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, y una "ruptura" de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, "reconocida como mínima y común por la normativa estatal".
Por su parte, la Confederación Empresarial de Farmacias de Andalucía (CEOFA) reiteraba también poco después que la 'subasta de fármacos' es "claramente contraria a la Constitución", motivo por el que volvió a pedir que se eleve un recurso al Constitucional, tal y como ya han solicitado otros agentes del sector como la citada Farmaindustria o la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg).
También para CEOFA, la modificación que se hizo de la Ley de Farmacia de Andalucía (LFA) al objeto de introducir las subastas de medicamentos, "invade las competencias exclusivas del Estado y altera el derecho de los andaluces de acceder a los medicamento en condiciones de igualdad con el resto de los españoles".
El mismo presidente de CEOFA, Ángel Pérez, ya adelantó a Europa Press, nada más publicarse en BOJA la convocatoria de la primera licitación de fármacos, que dicha norma tiene "grandes rasgos de inconstitucionalidad", toda vez que resaltaba que los servicios jurídicos de la confederación están estudiando igualmente si pueden impugnar "la orden que desarrolla este decreto-ley".
RESPUESTA MONTERO
Pese a todos estos reveses, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ya se ha mostrado "convencida" de que el Gobierno central "no atenderá" el requerimiento elevado por la patronal de la industria farmacéutica 'Farmaindustria' para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la 'subasta' de medicamentos.
Montero aludió así en declaraciones a Europa Press al caso del 'cataloguiño' gallego y del presunto compromiso que la consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ya ha destacado en varios foros acerca de la "voluntad" del actual Gobierno central de retirar el recurso contra el catálogo de medicamentos del Gobierno gallego elevado por el anterior Ejecutivo central.
"La verdad, no creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego", dijo Montero, quien, en cualquier caso, no ha dudado en advertir que "presentaremos batalla" en el caso de que el Ministerio elevase dicho recurso.
Hasta el momento, el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Manuel Cervera, quien participó en Sevilla en una jornada sobre 'Salud, Sociedad y Empresa', ya dijo a preguntas de Europa Press cuestionado sobre la posibilidad de entrar o no a debatir una posible inconstitucionalidad de la licitación pública de fármacos de Andalucía que ésa "es una acción que le corresponde al Gobierno" de la Nación.
"Es una acción de Gobierno, aunque no podemos salirnos del guión de lo que es el sentido común y la racionalidad", se limitó a esbozar Cervera.
