AESEG pide activar "salvaguardas específicas" a fármacos esenciales frente a la Directiva sobre aguas residuales urbanas

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Archivo - Fármacos. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIMARIK - Archivo
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Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 17:04

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha pedido a las autoridades españolas que activen "salvaguardas específicas" para proteger los medicamentos esenciales y críticos, y que defiendan en el ámbito europeo un reparto de costes proporcional y basado en evidencia técnica, frente a la Directiva europea de aguas residuales urbanas.

Así lo ha señalado en un comunicado después de que la Comisión Europea haya decidido no incluir la revisión de la Directiva en el paquete Ómnibus ambiental, pese a las peticiones de la industria. Esto lleva a mantener sin cambios un marco que para la AESEG implica "riesgo" para los medicamentos genéricos y deja a los Estados miembro con un margen "muy limitado" para corregir su impacto.

En línea con la patronal europea Medicines for Europe, la AESEG ha apuntado que el estudio en el que se apoya la Comisión Europea para justificar su decisión de no revisar la Directiva se limita a ajustar costes por inflación y no incorpora una evaluación específica del impacto sobre los medicamentos. Además, ha señalado que no corrige errores metodológicos ya señalados en el análisis inicial, como el uso de modelos informáticos en lugar de datos de laboratorio conforme a los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para estimar la toxicidad.

Según la AESEG, las consecuencias pueden ser "especialmente graves" para la industria española de medicamentos genéricos, que opera con precios regulados y márgenes económicos muy ajustados. En concreto, ha precisado que el esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto en la Directiva, por el que las empresas farmacéuticas deben financiar la eliminación de microplásticos y residuos químicos, "impone cargas económicas que no pueden absorberse ni trasladarse al precio de los medicamentos, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos de uso cotidiano".

"IMPACTO DESPROPORCIONADO" SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

La asociación ha recordado las conclusiones de un informe técnico elaborado junto con la consultora LECA, en el que se advertía de que la Directiva tendría un "impacto desproporcionado" sobre los medicamentos genéricos, debido a un reparto de costes del esquema RAP basado en el volumen y en criterios de toxicidad, que penaliza a fármacos de alto uso y bajo precio regulado.

Según ese análisis, el sector, que representa el 41 por ciento del volumen de recetas en España pero solo el 12 por ciento de la facturación, podría verse obligado a asumir hasta 208 millones de euros anuales, comprometiendo la viabilidad económica de numerosos medicamentos esenciales con precios por debajo de 1,60 euros.

En este punto, ha detallado que la metformina, medicamento de referencia en el tratamiento de la diabetes, podría ser uno de los más afectados, ya que por su altísimo volumen y su bajo precio, el gravamen adicional derivado de la Directiva podría suponer en España un sobrecoste de hasta un 284 por ciento sobre su precio de venta de laboratorio, lo que haría inviable su comercialización en las condiciones actuales. La retirada de este medicamento obligaría a desplazar tratamientos hacia alternativas más caras, con un incremento estimado del gasto del Sistema Nacional de Salud de 9,2 millones a 231 millones de euros anuales solo para este principio activo.

AESEG ha insistido en que el diseño de la Directiva parte de la posibilidad de repercutir los sobrecostes en el producto final, una premisa que no se ajusta a la realidad del mercado de medicamentos fuera de patente, teniendo en cuenta un contexto en el que los precios están intervenidos y los costes de producción, energía y mano de obra han aumentado de forma sostenida.

La secretaria general de AESEG, Elena Casaus, ha destacado que "proteger el medicamento genérico no es una cuestión sectorial, sino una decisión de política sanitaria". "Comprometer su viabilidad supone aumentar el gasto público, generar riesgos de desabastecimiento y debilitar la capacidad del sistema sanitario para garantizar tratamientos básicos a millones de pacientes", ha finalizado.

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