La asociación reclama suspender los plazos de aplicación al considerar que ponen en riesgo el acceso a medicamentos genéricos
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha pedido este jueves la suspensión de los plazos de implementación de la Directiva de la Unión Europea sobre aguas residuales urbanas, al considerar que pone en riesgo el acceso a los fármacos genéricos por imponer "cargas desproporcionadas y discriminatorias" sobre el sector farmacéutico.
La novedad de esta directiva es que exige a los sectores afectados asuman al menos el 80 por ciento de los costes de implementación del tratamiento cuaternario en las estaciones depuradoras, mientras que el otro 20 por ciento podría ser asumido por los Estados miembros.
"Es algo que consideramos absolutamente desproporcionado", ha declarado la secretaria general de AESEG, Elena Casaus Lara, durante una rueda de prensa en la que se ha presentado un informe sobre el impacto de esta directiva, y que también será entregado al Ministerio de Sanidad, departamento con el que ya se encontraban en conversaciones sobre esta cuestión.
Si bien Casaus ha recalcado su compromiso con la limpieza de aguas residuales urbanas y con los objetivos del Pacto Verde Europeo, ha advertido de que esta normativa aplica de forma "injusta" el principio de "quien contamina paga", al aplicarse a la industria farmacéutica humana y cosmética, pero excluyendo a la industria veterinaria, a la de aditivos alimenticios o a la de químicos de limpieza.
Casaus ha considerado que impacto sobre los medicamentos genéricos sería "desproporcionado", pues aunque en España representa un 41 por ciento del volumen de recetas, apenas supera el 12 por ciento de la facturación, lo que haría que el sector asuma hasta 208 millones de euros anuales, lo que comprometería la viabilidad de medicamentos esenciales con precios regulados por debajo de 1,60 euros.
AUMENTO DEL COSTE DE MEDICAMENTOS DE BAJO PRECIO
Todo ello daría lugar a un aumento del gasto farmacéutico y un consecuente desabastecimiento, lo que daría lugar a lagunas terapéuticas o el uso de alternativas de mayor coste.
El socio de LECA Pablo González Ipiña ha detallado que esta directiva provocará que la metforfina, un fármaco usado para la diabetes tipo 2 y que cuesta 0,78 euros el envase de 50 comprimidos de 850 miligramos, podría ver aumentado su precio en un 284 por ciento, lo que haría "inviable" su comercialización.
Algo parecido ocurriría con la amoxicilina, un antibiótico indicado para infecciones comunes, cuyo precio de 1,83 euros por cada envase de 20 comprimidos de 750 miligramos podría incrementarse en un 51 por ciento.
"Se violan los principios de proporcionalidad, porque no es proporcionado exigir a una industria que asuma el coste de todo un sistema", ha expresado el abogado asesor de AESEG Miguel Vidal-Quadras, quien ha señalado la preocupación de la industria farmacéutica al considerar que tendrá que pagar por todos los contaminantes.
Tras ello, ha señalado que la Directiva se basa en modelos informáticos y valores de toxicidad "poco fiables" y que "no cumplen" los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
En ese sentido, la directora técnica de AESEG, María Álvarez Fernández, ha detallado que los datos de la Directiva atribuyen el 58 por ciento de la carga tóxica a solo cuatro medicamentos, cuando los datos de laboratorio de AESEG muestran que su contribución es inferior al 1 por ciento.
RECURSOS DE DIFERENTES ACTORES CONTRA LA NORMA
Por todo ello, la industria de medicamentos genéricos ya ha presentado un recurso de nulidad de la Directiva para que todas las industrias contaminantes paguen, y no solo las previamente mencionadas, al mismo tiempo que ha solicitado una pausa urgente en la adopción del esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), mientras se revisa adecuadamente su diseño y se garantiza un reparto "justo, proporcional y basado en evidencia científica".
Cabe destacar que países como Polonia han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que Italia ha solicitado una pausa en el Consejo y el Parlamento Europeo ha reclamado una nueva evaluación del impacto.
Asimismo, Francia y Grecia han solicitado suspender los plazos de implementación de la normativa, que comenzaron el pasado mes de enero. La comisaria de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Jessika Roswall, también ha manifestado que los Estados miembros pueden proponer salvaguardas para proteger medicamentos esenciales.
Es por ello por lo que desde AESEG se ha instado a las autoridades españolas a definir criterios que garanticen la viabilidad comercial de estos tratamientos.
