MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) rechaza que los precios de los nuevos medicamentos se fijen en comparación con los precios abusivos de medicamentos ya aprobados, e insiste en que el precio del medicamento, protegido por patentes y otras exclusividades que prohíben la competencia, debe fijarse en relación con los costes de producción, a los que se debe añadir la parte correspondiente de gastos de investigación.
"No es razonable pagar 10.000 euros por un producto cuyos costes ascienden a 100 euros. Con un beneficio razonable, el precio podría ser de 130-150 euros. Los precios abusivos pagados por medicamentos en nuestro país suponen un gasto adicional en torno a 10.000 millones de euros, que deberían dedicarse, fundamentalmente, a personal, para mejorar la calidad de la atención, ofrecer estabilidad a los profesionales y reducir los tiempos de espera demasiado prolongados", afirman en un documento.
A raíz de la publicación esta semana por parte del Ministerio de Sanidad de la Guía de Evaluación Económica de Medicamentos, afirman que l evaluación económica de medicamentos que propone se debería utilizar únicamente para el posicionamiento terapéutico de los medicamentos, y, en todo caso, para orientar las decisiones de financiación pública.
"Pero no para fijar los precios", afirman, al tiempo que señalan que el Ministerio debería promover una amplia difusión de los datos sobre los costes reales de fabricación y de investigación, así como de los precios que, finalmente, se ve obligado a aprobar. "Así mismo debe promover la revisión de los precios actuales", advierte.
En su opinión, "al comparar con precios de medicamentos actuales, que son precios abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, la aplicación de esta guía tenderá a mantener la escalada de precios de los nuevos medicamentos, dándole además una apariencia de justificación 'científica'".
Por otro lado, señala que el Ministerio debería recuperar la Red de Evaluación de Medicamentos del SNS (REvalMed), con la finalidad de orientar las decisiones sobre posicionamiento terapéutico. "Es importante señalar que los estudios de evaluación económica que se realicen, con la finalidad de orientar la financiación pública, y el posicionamiento terapéutico (descartando su uso para fijación de precios), deberían ser llevados a cabo por personal financiado por las Administraciones Públicas, y sin conflictos de interés. Y no por las propias empresas farmacéuticas", señalan.
En cuanto a los conflictos de interés, concluyen, "se entenderá por ello que la persona implicada en la evaluación no ha recibido patrocinio de empresas farmacéuticas (por asesoría, proyectos de investigación, docencia, u otros motivos) en los últimos 5 años".
