SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha considerado que en el caso de Ramona Estévez, la mujer de 91 años a la que se le retiró la sonda nasogástrica el pasado 23 de agosto después de que el Gobierno autonómico mediara ante el personal médico para que hiciese cumplir los deseos de la familia y que este pasado martes falleció, "se ha demostrado que la Ley Andaluza de Muerte Digna funciona".
En declaraciones a Europa Press previas a su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento autonómico, Montero ha mostrado sus condolencias a la familia de Ramona "porque me consta que lo han pasado muy mal, no sólo por la muerte de una madre, sino además por las circunstancias que han rodeado a su caso que ha hecho que la familia haya tenido una pena aún más profunda".
En cuanto a los resorte de la norma autonómica, ha aclarado que la ley andaluz recoge precisamente el que la familia "pueda decir por el paciente en el caso de que éste no pueda pronunciarse". Al hilo de ello, ha expuesto a modo de ejemplo los casos en los que una persona "tiene que ser operada pero se le pide el permiso complementario a la familia del enfermo, "entre otros motivos porque el paciente puede estar inconsciente o no estar en condiciones de contestar".
"Además se da la circunstancia de que en el caso de Ramona no habido dudas en cuanto a la familia porque ni tan siquiera eran pacientes lejanos sino sus propios hijos", ha recalcado Montero, quien, no obstante, ha admitido que las asociaciones provida "tienen derecho a irse a los juzgados, no porque sea legítimo que denuncien la ley sino porque los juzgados están abiertos a todos los ciudadanos y asociaciones".
"No se le puede coto a la persona a que denuncie lo que en su momento considere que es delito, aunque será competencia de la autoridad judicial archivar el caso o llamar a las partes", ha recordado.
Preguntada si existen actualmente en Andalucía y resto de España casos similares que puedan desembocar en una situación análoga a la de Ramona Estévez, la titular del ramo ha reconocido a Europa Press que su departamento no tiene constancia de casos de este tipo.
Sea como fuere, ha enfatizado que con el caso de Ramona Estévez "se ha comprobado que la ley funciona, ya que establece que, en caso de cualquier incidencia en el proceso asistencial, el centro es el que garantiza que se aplicaran los mecanismos necesarios, como así ha sido, para garantizar el cumplimiento de lo expresado por la paciente".
Eso implicaba, ha zanjado, "que no hubiese problemas como el que nos encontramos con Inmaculada Echeverría, con la que tuvimos que proceder al traslado de centro hospitalario".
