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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -
Salud por Derecho ha advertido este viernes de la baja financiación mundial destinada a hacer frente a enfermedades infecciosas emergentes, desvelando que, entre 2015 y 2024, se invirtieron alrededor de 28,4 millones de euros (33,4 millones de dólares) anuales, de media, en investigación y desarrollo de tratamientos, vacunas y diagnósticos para los 'Bunyaviricetes', la familia de virus que incluye hantavirus, entre otros.
Así lo ha desvelado la organización tras un análisis de fuentes públicas, del que concluye que la financiación continúa respondiendo a ciclos de "pánico y desatención", de forma que los recursos aumentan durante las emergencias sanitarias y disminuyen cuando desaparece la atención política y mediática, lo que dificulta disponer de herramientas médicas preparadas antes de nuevas crisis.
Salud por Derecho ha lamentado que el brote de hantavirus identificado en un crucero, aunque está lejos de parecerse a la pandemia de Covid, vuelve a poner de manifiesto algunas de las debilidades de la preparación global frente a futuras amenazas epidémicas.
Sobre la financiación destinada en los últimos años, ha detallado que el 60 por ciento procedió de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y un 17 por ciento, de la Comisión Europea. Asimismo, ha señalado que hay 14 productos en desarrollo para esta clase de virus, incluidos siete vacunas, cuatro diagnósticos, dos fármacos y un producto biológico, ninguno en fase clínica internacional.
En este punto, ha precisado que algunos candidatos se han utilizado en adultos en China, donde se concentran la mayoría de desarrollos. Para Salud por Derecho, esto evidencia que la investigación y capacidad de producción de tecnologías sanitarias sigue aglutinada en un número reducido de países, con Estados Unidos como país dominante y China ampliando su peso, lo que ha apuntado que plantea interrogantes sobre cómo se gestionará el acceso a futuras innovaciones sanitarias.
DEBATES ABIERTOS EN LA ELABORACIÓN DEL TRATADO DE PANDEMIAS
La organización ha recordado que muchos de estos debates siguen presentes en el proceso del Tratado de Pandemias impulsado en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político sobre el tratado en 2025, las negociaciones sobre el sistema destinado a regular el acceso a patógenos y el reparto de beneficios derivados de su utilización continúan abiertas.
"El principal reto sigue siendo garantizar que el intercambio de información genética y muestras biológicas vaya acompañado de mecanismos vinculantes de acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos", ha explicado el investigador y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, Adrián Alonso.
La organización ha reclamado que la financiación pública destinada a investigación incorpore criterios de transparencia, accesibilidad, transferencia de tecnología y precios asequibles orientados al interés público. También ha indicado que la pandemia de Covid-19 evidenció los riesgos de depender de un número muy reducido de países para fabricar vacunas y otras tecnologías sanitarias durante una emergencia global.
De este modo, ha subrayado que la preparación frente a futuras pandemias no depende únicamente del desarrollo de nuevas vacunas o tratamientos, sino también de la existencia de acuerdos internacionales capaces de garantizar que esos avances lleguen a todos los países de forma justa.
