Euro por receta en Madrid
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 8 enero 2013 14:09

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Senadores del PSOE presentarán en las "próximas horas" un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Comunidad de Madrid de aplicar en 2013 el pago de un euro por receta, en la que solicita la suspensión cautelar de esta medida hasta que el Alto Tribunal determine si esta tasa se ajuste a la legalidad vigente o no.

Dicho recurso, que para ser presentado debe contar con la firma de 50 senadores, establece la paralización de esta medida en Madrid hasta dilucidar la inconstitucionalidad de esta medida e impedir así, según sostiene los socialistas, "los importantes perjuicios que se están provocando" desde el pasado día 1 de enero de 2013 a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Según han explicado a Europa Press fuentes del PSM, el recurso de inconstitucionalidad se presentará en breve y, con esta determinación, los socialistas se adelantan al Gobierno central, que recurrió ante el TC la medida en Cataluña pero no así en la Comunidad de Madrid. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ya avanzó que su partido presentaría esta medida ante el TC.

Los senadores socialistas que han rubricado la medida entienden que el texto que habilita esta medida en la región es una "vulgar copia" del texto catalán, que ya ha sido recurrido por el Ejecutivo estatal.

El recursos que se presentará al Alto Tribunal argumenta que el pago de esta tasa supone "romper la equidad en el sistema de financiación del precio de los medicamentos" porque los ciudadanos de Madrid "tendrán que pagar más por ellos" que otros ciudadanos de otras comunidades autónomas.

ES UN IMPUESTO, NO UNA TASA

Por ello, sostienen que precisamente para salvaguardar esa equidad entre ciudadanos en el acceso a los medicamentos, el precio de los fármacos deviene de la legislación básica y esa parcela es competencia exclusiva del Estado, aspecto que a su juicio no ha respetado el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

Además, otro de los ejes centrales del recurso ante el TC es que dicha medida es un "intento recaudatorio desesperado" que trata de crear "una tasa que no lo es". "En realidad es un impuesto", han remarcado las mismas fuentes.

En este sentido, el recurso que ultiman los senadores socialistas consideran que la Comunidad incurre en un "ardid" porque intenta pasar como una tasa el cobro de un euro por receta amparándose en una "supuesta existencia de unos servicios administrativos complementarios de información".

Sin embargo, los socialistas consideran que dichos servicios administrativos, en caso de existir, siempre han sido "gratuitos" y que, a juicio de los parlamentarios del PSOE, el Gobierno regional ha optado por una formula para crear 'ex novo' un servicio remunerado por una tasa derivada de la adquisición del medicamento, "sabedor de su incapacidad competencial para imponerlo sobre el propio medicamento".

Las mismas fuentes socialistas critican que esta opción elegida por el Gobierno regional para tratar de dar validez legal a esta tasa es una "chapuza legislativa" cuya intensidad se refleja en la elección de exención de su aplicación a los medicamentos inferiores a 1,67 euros. "¿Por qué esta cifra y no otra? Pues porque de otra manera, el medicamento comprado sin receta saldría más barato que con receta", señalan a continuación.

SANIDAD DEFIENDE QUE ES SU COMPETENCIA

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido en diversas ocasiones la legalidad del pago de un euro por receta al entender que esta tasa entra dentro de las competencias del Ejecutivo regional.

La tasa por cada receta dispensada establece un tope de 72 euros por usuario y año para no afectar a los pacientes polimedicados. Los medicamentos cuyo coste sea igual o inferior a 1,67 euros están exentos de dicho pago al igual que una serie de personas, como es el caso de personas con síndrome tóxico, perceptores de pensiones no contributivas, parados de larga duración sin subsidio, personas con discapacidad, perceptores de la renta mínima y los tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.