MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha rechazado, con el voto en contra del PP, una proposición no de Ley que pedía eximir del copago de medicamentos a las más de 3 millones de personas afectadas por una enfermedad rara en España, así como garantizar el acceso equitativo a otros tratamientos "de vital importancia" para estos afectados.
La iniciativa, que fue impulsada por el Grupo Socialista y contó con el respaldo del resto de grupos de la oposición, pedía "gestos concretos" para estos afectados justo en el año que el Gobierno ha declarado como el año español de las enfermedades raras.
Así, además de eximir a estos pacientes del copago de medicamentos según renta implantado por la titular de Sanidad Ana Mato hace más de un año, también solicitaban medidas concretas para mejorar el acceso de estos pacientes a medicamentos huérfanos, coadyuvantes, productos sanitarios y cosméticos.
En el caso de los medicamentos huérfanos solicitan una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado, mientras que para la medicación coadyuvante exigían que tuviera consideración de medicación crónica para estos enfermos, de cara a su financiación pública.
Mientras que para los fármacos no financiados, pedían que fueran reembolsados "en condiciones similares a la de los medicamentos para uso de enfermos crónicos" e incluyeran un cícero o punto negro por el que sólo tendrían que pagar un 10 por ciento de su precio.
De igual modo, el PSOE también reclamaba que los afectados por una enfermedad rara accediera de forma gratuita a la nutrición enteral, parenteral, apósitos, vendas y elementos de ortoprótesis.
Sin embargo, el PP ha rechazado apoyar esta iniciativa, así como otra también del PSOE sobre el mismo tema para pedir al Gobierno que siga trabajando en investigación, la elaboración de guías de práctica clínica, en la aplicación de programas de cribado neonatal de estas patologías.
MAMOGRAFÍAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
En el orden del día de la Comisión también se incluía una proposición no de ley del Grupo Socialista, que no ha salido adelante, en la que pedían al Gobierno que utilizara sus competencias de Alta Inspección para iniciar un expediente informativo en la Comunidad de Madrid por el retraso en la realización de mamografías anunciado hace un mes por el Gobierno regional y ver si puede haber "responsabilidades penales", según ha dicho el portavoz del PSOE, José Martínez Olmos.
"Esto va a traer cola, sobre todo si hay mujeres a las que se les diagnostica un cáncer y no han tenido acceso a este programa, porque pueden ir a los tribunales", ha recordado este diputado, que ha contado con el apoyo de otros grupos.
De hecho, la diputada por Madrid de la Izquierda Plural, María Caridad, se ha preguntado qué hubiera ocurrido si en lugar de ocurrir en Madrid sucede en otra comunidad, asegurando que el Ministerio "no habría tardado mucho en intervenir".
En cambio, la diputada 'popular' Felicidad Rodríguez ha destacado que se trató de una "circunstancia puntual" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ya ha solucionado", y ha pedido al PSOE que dejen de "alarmar a la población" con un uso partidista de la sanidad.
RECHAZAN LA COFINANCIACIÓN DEL ESTADO DE LOS MEDICAMENTOS INNOVADORES
Los 'populares' también han rechazado una propuesta de CiU que proponía la creación de un fondo específico para que el Gobierno ayude a las comunidades autónomas a financiar los nuevos tratamientos innovadores que se van incorporando al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según explicó la autora de la propuesta, Conxita Tarruella, es necesario la introducción de una partida adicional porque "las comunidades tienen dificultades" para financiar los medicamentos innovadores que tienen financiación pública, porque deben costear todo el importe de lo que cuestan.
El PSOE apoyó la iniciativa al entender que el precio supone actualmente un freno al acceso a la innovación y a la aprobación de nuevos fármacos, según ha defendido la diputada Pilar Grande, que ha recordado que las autorizaciones de nuevas moléculas "están paralizadas o tardan dos años en el mejor de los casos", cuando con el anterior gobierno "se autorizaban en un plazo de seis meses".
Sin embargo, el PP ha argumentado que las comunidades ya reciben fondos del Gobierno "y son ellas las que deciden si gastarlas en esto o en pagar sus facturas o abrir embajadas". Además, ha asegurado que las medidas de eficiencia en el gasto farmacéutico permiten "garantizar que se puedan pagar estos nuevos medicamentos".
