MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha rechazado la reciente modificación de la Ley de sanidad de Galicia que impone sanciones a aquellos que se nieguen a vacunarse del coronavirus, lo que supone de facto la instauración de la obligatoriedad de las vacunas.
A juicio de OCU, la vacunación es una práctica que ha demostrado con creces sus beneficios, consiguiendo éxitos históricos contra diferentes enfermedades infecciosas. Además, España es uno de los países con mayor confianza de los ciudadanos en las vacunas y mayores tasas generales de vacunación pese a que en nuestro país esta no es obligatoria.
Por ello, la organización considera que la única vía para preservar este patrimonio común es una política de información y transparencia que consiga que el grueso de la población se sienta confiada y opte por la vacunación.
"La pérdida generalizada de confianza de los ciudadanos en la información suministrada por autoridades e instituciones científicas, agudizada por la crisis sanitaria que vivimos, hace que muchas personas, llevadas por la necesidad de certidumbre, otorguen más crédito a fuentes informales, como las redes sociales, terreno abonado para las noticias falsas o, como poco, sesgadas", ha dicho.
Además, la OCU ha avisado del riesgo que supone etiquetar como 'antivacunas' a personas que manifiestan dudas en torno a la vacunación. En este sentido, ha pedido una información pública "abierta y suficiente" sobre el proceso de aprobación de vacunas, la estrategia de vacunación en la población y las razones que sustentan las modificaciones al mismo como la forma más clara para combatir las posibles suspicacias alrededor de las vacunas y su aplicación.
Por otra parte, apostilla, la "poca transparencia" sobre los acuerdos económicos suscritos entre la Comisión Europea y la industria farmacéutica, así como la "falta de garantía" sobre la reversión de las inversiones públicas en investigación en las que se basan muchas de estas vacunas, contribuyen a "engordar estas suspicacias".
"Ante este panorama, consideramos que la instauración de una vacunación obligatoria, más allá de las dudas jurídicas que supone, puede tener un efecto contraproducente en la percepción de la población sobre la seguridad de las vacunas", ha zanjado.
