MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los profesionales de la Medicina sufrieron 490 casos de agresiones durante 2018, frente a los 515 del año anterior, lo que supone un descenso del 4,8 por ciento. Por sexos, el 59 por ciento de las agredidas fueron mujeres, alcanzando el porcentaje más alto de toda la década y un 7 por ciento más que el año pasado, según los datos Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios de la Organización Médica Colegial (OMC).
Las cifras se han presentado este jueves con motivo del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. En esta fecha, la OMC ha actualizado los datos de su Observatorio bajo el lema 'Respetar al médico, cuidar de todos', el lazo dorado como símbolo y el hashtag en redes sociales '#StopAgresiones'.
La OMC puso en marcha este Observatorio a raíz de la muerte en 2009
de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia). Los datos, que se presentan anualmente desde 2010, emanan de las comunicaciones que los médicos que han sufrido una agresión transmiten a sus respectivos colegios.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones
centran la mayor parte de las 3.919 agresiones que han sufrido los
médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los ocho
últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se contabilizaron, el 14 por ciento acabó con lesiones, el 35 por ciento fueron insultos y el 51 por ciento amenazas.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (124), Madrid (85), Cataluña (61), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 85 por ciento de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 15 por ciento, lo que supone el porcentaje más alto hasta la fecha.
"Es una situación insostenible no por la cuantía de las agresiones, sino por el hecho en sí. Agredir a un profesional sanitario afecta al conjunto del sistema y a la relación asistencial de calidad", ha señalado durante la presentación de los nuevos datos el presidente de la OMC, Serafín Romero, que ha achacado el mayor número de agresiones a mujeres a que "no se les tiene la misma consideración, especialmente a las jóvenes".
"AGRESIONES RELACIONADAS CON PRECARIEDAD Y MASIFICACIÓN"
Sobre el nivel asistencial donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 14 por ciento y un 11 por ciento, respectivamente. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando las 2,50 agresiones por cada millón de consultas.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1 por ciento se producen por discrepancias en la atención médica, el 11,4 por ciento por el tiempo en ser atendido, el 11,1 por ciento por no recetar lo propuesto por el paciente, el 10,3 por ciento en relación a la incapacidad laboral, el 9,2 por ciento por discrepancias personales, el 6,1 por ciento por el mal funcionamiento del centro y el 5,8 por ciento por informes no acordes a sus exigencias.
Al respecto de estos últimos datos, la OMC ha asegurado que "muchos casos de agresión" tienen relación con situaciones como "la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y a la precariedad laboral de los profesionales".
93 SENTENCIAS SOBRE AGRESIONES
De los agresores, el 72 por ciento son pacientes (40% pacientes
programados, 30% pacientes no programados y 2% pacientes desplazados) y el 28 por ciento sus acompañantes. Según los datos del Observatorio, en el 61 por ciento de los casos se ha presentado denuncia tras la agresión. Del total de agresiones, en el 14 por ciento de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40 por ciento fueron físicas y el 60 por ciento psíquicas. El 17 por ciento conllevaron baja laboral, cifra superior al 12 por ciento del año anterior.
Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre
agresiones, de las que el 64 por ciento fueron consideradas como delito leve y el 36 por ciento delito menos leve. El 77,9 por ciento fueron condenatorias, el 16,3 por ciento absolutorias y hubo acuerdo en el 5,8 por ciento. Según el tipo de condena, el 46,3 por ciento fueron multas, el 20,6 por ciento acarrearon privación de libertad, el 14,7 por ciento supusieron privación de derechos e inhabilitación y el 4,4 por ciento exigieron medidas de seguridad.
Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha en 2017 una instrucción, que recogía la figura del Interlocutor Policial Nacional
Sanitario. El año pasado, la Policía Nacional realizó 1.377 reuniones en todo el territorio nacional con el objetivo de evitar las agresiones contra los profesionales sanitarios.
También se organizaron 85 jornadas de prevención de agresiones mediante técnicas de contención verbal y escucha activa. Desde su creación, se ha realizado un censo de centros hospitalarios que han sido catalogados según su nivel de riesgo. Además, Policía Nacional trabaja en la adaptación de 'ALERTCOPS', una 'app' ya disponible para todos los ciudadanos que, en el futuro, permitirá al médico alertar de una situación de conflicto en la consulta y recibir una respuesta más rápida por parte de los agentes.
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD TAMBIÉN EN LA PRIVADA
Además de la actualización de los datos, desde la OMC han realizado un manifiesto en el que recogen medidas para avanzar hacia la erradicación de las agresiones en el ámbito sanitario. Entre ellas, que sean consideradas como delito de atentado contra la autoridad también en la Medicina privada, donde se han producido el 15 por ciento de las agresiiones.
Otra de sus propuestas es la creación de un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios en el que participen los ministerios de Sanidad e Interior, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), comunidades autónomas, consejos generales de las profesiones sanitarias y plataformas de asociaciones de pacientes.
Igualmente, reclaman que se establezca un Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios, que todos los centros cuenten con planes de prevención de riesgos laborales y protocolos de actuación ante agresiones, o que las amenazas, insultos e intimidaciones sean consideradas agresión y, por tanto, delitos contra la autoridad.
