MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sector de la sanidad ha perdido un total de 5.665 empleos en febrero y acumula más de 60.000 desde septiembre, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a partir de los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicados este jueves.
Esta organización sindical advierte de que las cifras de afiliación a la Seguridad Social siguen reflejando un "claro abuso" de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo en las Administraciones Públicas.
"La sociedad española no se puede permitir este nivel de precariedad en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar, como es el caso de la Sanidad", según denuncia CSIF, que pide al Gobierno que desbloquee la oferta de empleo público de 2017 y aporten soluciones ante esta situación.
La Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que participan las comunidades autónomas, está analizado la situación de temporalidad del personal estatutario de los servicios de salud y sus posibles soluciones.
Durante la última reunión, celebrada a finales de febrero, se ha evaluado la posibilidad de programar sucesivas ofertas públicas de empleo que abarquen de forma escalonada un número determinado de especialidades profesionales, en lugar de convocar una única OPE masiva que incluyera todas las plazas vacantes cubiertas por interinos.
No obstante, según el documento sobre las propuestas que los grupos de trabajo han hecho en esta reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, para la adecuada ejecución de esta alternativa resultaría preciso articular en la normativa básica estatal algún tipo de limitación respecto a la cifra de plazas a incluir en la oferta.
Además, previamente a la OPE es necesario convocar un concurso de traslados y también se considera aconsejable establecer un límite máximo de aprobados en la fase de oposición que pasen a la fase de concurso.
Pese a ello, entienden que la celebración de concursos de traslados no incide de manera significativa en la solución del problema de la temporalidad en el sector sanitario público ya que, "más bien tiende a garantizar los derechos a la movilidad del personal fijo, que es preferido frente al personal de nuevo ingreso y al personal temporal".
