Considera "imprescindible" que se busquen las mejores condiciones de incentivo y de atracción para los profesionales sanitarios
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 849 quejas, un 53,25 por ciento más que el pasado año (554); de ellas, 629 fueron individuales y 195 agrupadas, y en 25 se actuó de oficio. Las quejas más frecuentes estaban relacionadas con la merma de la calidad de la atención, debido a "carencias humanas y materiales"; la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos frente al copago farmacéutico, y la falta de facultativos, sobre todo en Pediatría y Atención Primaria.
Así consta en el Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz. En él se observa que, como el año pasado, se ha producido un empeoramiento de la calidad en la atención especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y han aumentando las quejas por las dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente.
Respecto al copago farmacéutico, las quejas se dieron sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.
El informe recuerda que la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90 por ciento, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40 por ciento de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. La Institución realizó en 2018 un seguimiento de las recomendaciones realizadas sobre este asunto.
Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la Atención Primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.
Estas quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos insuficiente y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo.
"Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención sanitaria pública", advierte el informe.
En opinión de la Institución, es "imprescindible" que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal que atiende en los centros de salud, consultorios o servicios de urgencias no hospitalarios, y promuevan, desde el ámbito formativo y de desarrollo profesional, "mejores condiciones de incentivo y de atracción para los distintos colectivos de profesionales".
Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.
ALERTA SOBRE EL DESCENSO DE LA NATALIDAD
Por otro lado, Fernández Marugán llama la atención sobre el descenso de la fecundidad en España y alerta de que si bien se ha avanzado en medidas que permitan conciliar la vida laboral y la familiar todavía hoy son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las labores del hogar.
También valora positivamente que la mortalidad infantil esté en niveles muy bajos y que la esperanza de vida de nuestra sociedad sea una de las más altas del mundo. "Por estos factores positivos, hoy España cuenta con una población envejecida" y, por ello, el Defensor reclama a las administraciones que "adopten políticas públicas para adaptarse a esta nueva realidad".
Respecto ala salud de lo mayores, el Defensor del Pueblo considera además necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada, ya que pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.
Así, la regulación legal debería aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental, con la debida agilidad en la aplicación de los mecanismos de protección que necesita, los cuales tampoco deberían verse bloqueados por la tardanza de los tiempos procesales y judiciales.
CENTROS PENITENCIARIOS
Un año más hay que recordar que está pendiente la transferencia de la sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios autonómicos. Además, durante 2018 la atención sanitaria a las personas privadas de libertad se ha producido en un contexto de creciente falta de personal sanitario propio y de falta de convenios con los servicios sanitarios autonómicos.
El Defensor considera que "mientras no se culmine el proceso de transferencia, se ha de proceder a la renovación de los convenios con las comunidades para una mayor seguridad jurídica y garantía de asistencia".
