El 26,72% de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo, que ha dedicado especial atención a la situación sanitaria de los presos en su informe anual, ha acusado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, de no haber realizado los esfuerzos necesarios para la contratación de personal interino o eventual que cubra el déficits de personal sanitario.
Asimismo, Institución que dirige el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y cuyo informe ha sido presentado este martes en el Congreso y Senado, ha reclamado que se proceda a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, y, por tanto se transfiera a las autonomías como prevé la Ley General de Sanidad, y, mientras esto sucede se establezcan en la "mayor brevedad" la negociación entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas para establecer convenios de atención.
"Entretanto no culmine el proceso de transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias, se ha de proceder a la renovación de los convenios con las comunidades autónomas en esta materia, en aras de una mayor seguridad jurídica y garantía de asistencia a las personas privadas de libertad", advierte la institución.
A principios de 2018, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo "cuanto antes" la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, "garantizando la transferencia de la financiación suficiente por el coste real y Informe anual del Defensor del Pueblo 2018 144 efectivo de los servicios".
DETERIORO DE LA SANIDAD POR FALTA DE PERSONAL
Uno de los expediente, promovidos por el un sindicato de la sanidad penitenciaria, es decir médicos de prisiones, "en la medida en que son conocedores de la situación de los centros penitenciarios", demandan de los servicios centrales soluciones con la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad, cuya custodia ha sido atribuida a la Administración, y parten de la base de que ella debe cumplir escrupulosamente las obligaciones legalmente establecidas.
La Oficina del Defensor del Pueblo considera que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se han realizado los esfuerzos necesarios para la contratación de personal interino o eventual que cubra los déficits de personal.
Así, ha observado que realizan de forma ocasional convocatorias de personal interino con una duración de contrato máxima de seis meses que quedan vacantes en muchas ocasiones (debido tanto a las condiciones económicas, como a las condiciones laborales), pero estas convocatorias no son renovadas de forma automática hasta la cobertura de las plazas necesarias.
De la misma forma, no se publican convocatorias para la contratación de personal interino de forma indefinida, a pesar de las graves carencias y que estas darían estabilidad a las plantillas sanitarias.
Esta institución percibe en sus visitas a establecimientos penitenciarios un "generalizado descontento" entre el personal sanitario, por lo que consideran que ha sido "falta de compromiso durante los últimos años con este servicio y que esperan que ahora sea paliado mediante la adopción de medidas efectivas por parte de los responsables de la Administración".
Así, recuerda que el menoscabo de la prestación de la asistencia sanitaria afecta a los presos, a los profesionales de la Administración, a los funcionarios que prestan servicios de vigilancia y, en consecuencia, al conjunto del sistema penitenciario, pues en la medida en que un servicio tan importante como el sanitario se resiente, los demás servicios, como pueden ser el tratamiento o la seguridad, ven alterado su normal funcionamiento.
"No es admisible que una deficiente cobertura de la asistencia sanitaria penitenciaria obligatoria repercuta negativamente también en la población general", advierte al observar que esta falta de atención reduce la disponibilidad de los costosos servicios de atención urgente de la comunidad cuando estos pudieran precisarla, particularmente, en situaciones en las que no existen opciones alternativas de atención.
"Es previsible que en los próximos años, si no se adoptan medidas vigorosas, este problema se agrave ante la falta de efectivos médicos", advierte.
Actualmente, según datos que facilitan los profesionales sanitarios, más del 75 % de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tiene más de 55 años. Por otro lado, el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir las bajas se ve afectado notablemente por la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades autónomas. Junto al dato del envejecimiento de los facultativos se destaca que el 26,72 por ciento de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes.
A modo de ejemplo, destacan el Defensor del Pueblo, en la promoción de médicos del año 2016 aprobaron 14 médicos, y actualmente solamente seis de ellos permanecen trabajando en prisiones. "Resulta un dato suficientemente expresivo de la necesidad de adoptar medidas eficaces a corto plazo, que vayan más allá de la mera convocatoria de nuevas plazas para médicos".
Le resulta especialmente llamativa la situación de los centros penitenciarios alejados de los núcleos urbanos, ya que carecen de transporte público y el sistema de transporte de funcionarios no se habilita para el personal que se encuentra de guardia localizada.
Estos centros penitenciarios tienen un alto nivel de ocupación, internos conflictivos e internos con enfermedades crónicas graves, tanto orgánicas como psiquiátricas y dotados de enfermerías con altos índices de 2 Centros penitenciarios 147 ocupación.
La propia configuración de los centros, así como las medidas de seguridad, producen retrasos en la atención de urgencia y es por lo que, aconseja la institución, "es necesario que en estos centros alejados, con alta ocupación, se mantenga un equipo sanitario compuesto por personal médico y de enfermería".
SOBRECARGA, DESATENCIÓN Y ESTRÉS
La inexistencia de personal médico en el centro penitenciario de forma permanente condiciona "retrasos inaceptables" en la atención a crónicos o en urgencias. "Esta situación provoca ansiedad entre los profesionales, puesto que son conscientes de que no van a poder dar una atención de calidad en situaciones de urgencia", señalan.
"No se está ante un problema coyuntural sino que es de carácter estructural y desde esa perspectiva ha de ser abordado. La situación de ausencia de facultativos conlleva importantes sobrecargas de trabajo diario, lo que a su vez genera una importante fatiga, poniendo en riesgo a los pacientes a los que se atiende.
La falta de médicos genera también situaciones de conflicto con la población reclusa, a causa de la falta de asistencia médica en el centro durante parte o todo el día y la necesidad de ser derivados a los servicios sanitarios extrapenitenciarios de zona para el tratamiento de dolencias que podrían ser adecuadamente atendidas en el centro.
Por otro lado, advierte de que esta situación de deterioro progresivo del área sanitaria también afecta a los hospitales psiquiátricos dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, encargados de dar cumplimiento a las medidas de seguridad decretadas por los tribunales.
En el año 2012, la Administración publicó el documento Hospitales Psiquiátricos dependientes de la Administración penitenciaria. En estos documentos se preveía el incremento de la dotación de personal necesaria para dar cumplimiento adecuado a sus funciones, que todavía no ha tenido lugar.
