MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha manifestado su inquietud porque mañana el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros de una "ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud", una "Ley de Equidad que convertiría a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su SNS".
ASPE considera que la pretensión de llevar a cabo acciones como derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas "sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden", en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud.
De igual modo, advierte, esta nueva medida se "pasa por alto la Ley General de Sanidad de 1986", que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios.
A este respecto, ASPE valorará jurídicamente si se infringe la Constitución Española y si al derogar la Ley de Formas de Gestión para revertir conciertos sanitarios se ignoran criterios objetivos que demuestran la eficacia de la cooperación en salud.
Asimismo, recuerdan que solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a este concepto. Y es que el sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario, mientras que en el ámbito diagnóstico nacional, el 45% de las resonancias magnéticas; el 23% de TACs y el 24% PETs se realizan en la sanidad privada.
"Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia del COVID sin tener a los recursos privados a disposición", recuerda el presidente de ASPE, Carlos Rus.
"Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario", insiste el presidente de ASPE, quien ve en esta Ley es "una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional".
"Se está limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas", señala Rus.
