La Generalitat valenciana estudia un nuevo decreto u orden para "blindar" la sanidad universal

Un médico atiende a un paciente en la nueva unidad
GVA
Actualizado 20/12/2017 15:41:08 CET

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat velenciana, Ximo Puig, ha avanzado este miércoles que la Abogacía está estudiando cómo "blindar" a través de instrumentos jurídicos como un nuevo decreto o una orden la sanidad universal en la Comunitat, tras anular el Tribunal Constitucional el decreto de 2015 que la garantizaba.

Así lo ha señalado tras reunirse con representantes de asociaciones en defensa de la sanidad universal en el Palau de la Generalitat para abordar la decisión tomada por el TC respecto al decreto de sanidad universal, que según ha indicado acatan pero consideran "no atiende al interés general, no es justa y no es humana".

El 'president' ha querido reiterar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de la Comunitat, ya que "cualquier persona que entre en un centro de salud u hospital, sin importar su origen y situación va a ser atendido" porque existe una instrucción previa al decreto declarado inconstitucional que así lo determina. No obstante, se trabajará para reforzarla a través de un instrumento legal todavía por determinar.

El contenido del decreto, el acceso a la sanidad universal, es "irrenunciable" para el Consell, porque "da dignidad como sociedad, no es caridad, es un acto de justicia". Pese a que "hay fuerzas políticas que intentan cercenar los derechos de los ciudadanos y la igualdad de condiciones" con el actual Consell "esto no va a pasar", ha aseverado.

Puig ha criticado que se politice la atención sanitaria y ve "injustificable" que se haga uso de la vía judicial, recordando además que no existen "personas irregulares, ilegales" y que la exclusión sanitaria no solo afecta a inmigrantes, sino a estudiantes Erasmus o expatriados que deciden regresar y tienen durante algún tiempo problemas administrativos o a niños saharauis que acuden a la región, por ejemplo.

Así, considera "absurdo" el planteamiento de que "todas las personas deben ir a urgencias" para ser tratadas y "no hay ninguna razón económica para esta absurda decisión del Gobierno de España de no garantizar la atención sanitaria a todas las personas".

"Son 23.000 personas, ¿alguien piensa que la Comunitat Valenciana no puede atender a 23.000 personas, muchas de ellas jóvenes que no tienen afortunadamente muchas enfermedades? Es una cuestión de dignidad y principios. ¿Alguien puede pensar que eso va a poner en crisis el Estado del Bienestar? Lo que pone en crisis es no entender que cualquier persona que está viviendo aquí es una persona que tiene unos derechos", ha remarcado.

"MUY LAMENTABLE"

Además, ha calificado de "muy lamentable que haya partidos políticos instalados en el rencor contra los inmigrantes" y, preguntado sobre si podría rozar la xenofobia, ha señalado que "cuando oyes o lees en un momento determinado algunas informaciones parece que se destile que estamos pagando al inmigrante lo que no pagamos a personas de aquí; evidentemente es el caldo de cultivo de la xenofobia".

Existe, además, para Puig un trasfondo político basado en una "mirada recentralizadora" de las competencias que hace que las comunidades no puedan ejercer "en plenitud" aquellas que les son exclusivas, en este caso la sanidad.

Por su parte, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, también ha manifestado el compromiso "irrenunciable" con el acceso universal a la atención sanitaria por ser "una exigencia moral" con la que quieren continuar. "Para este Gobierno no hay ciudadanos de primera y de segunda, acatamos la sentencia como no puede ser de otra manera", ha dicho, pero la instrucción sigue vigente.

"Seguiremos buscando fórmulas para asentar este objetivo común de hacer de la Comunitat una sociedad más decente", ha incidido Montón, que ha asegurado que velarán para que en todos los centros se siga atendiendo de manera integral a todo el mundo "por el mero hecho de ser persona" y también seguirán reivindicando en el Consejo Interterritorial de Sanidad ante la ministra, Dolors Montserrat, la derogación del Real Decreto 16/2012 de "exclusión sanitaria", que fue "el principio del problema".

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