MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclama al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social más de 390 millones en materia de indemnizaciones para los 276 socios de la asociación que han solicitado ser reconocidos e indemnizados por los efectos de la talidomida.
La asociación ha interpuesto este mismo lunes una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio que dirige María Luisa Carcedo como paso previo a la demanda contra el Estado que recientemente anunció que presentaría.
Avite ya anticipó su intención de recurrir a esta vía tras la reunión mantenida la semana pasada con representantes del Ministerio de Hacienda, en la que no se llegó a un acuerdo para fijar la naturaleza de las ayudas que deben recibir los afectados. En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, denunció incluso que el diálogo político abierto con los ministerios de Hacienda y Sanidad se ha convertido en "un proceso macabro lleno de personas sin sentimientos".
La asociación ha recordado que a día de hoy "no existe ni un solo afectado reconocido oficialmente" cuando han pasado 14 meses del reconocimiento de afectados parte del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el día 8 de noviembre de 2017 y ni siquiera se ha liberado a los siete componentes del Comité Científico Técnico de sus obligaciones asistenciales en la medicina pública para realizar su trabajo.
Igualmente, ha recalcado que no aceptarán ningún tipo de trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo; es decir: la exención fiscal total. "Avite ha expresado en múltiples ocasiones a representantes del Gobierno que este punto es crucial, no solo para conseguir el objetivo de las ayudas, que obviamente se perdería si con una mano se da a las víctimas lo que con la otra se les quita vía impuestos, sino que además sería intolerable el agravio comparativo con el resto de afectados del mundo y con los de otros males en nuestro país, como infectados por VHC, VIH, accidentes de tráfico, negligencias médicas, terrorismo, etc, que sí gozan de exención fiscal", ha argumentado el abogado de Avite, Ignacio Martínez.
En la misma línea, ha recordado a pesar de que desde julio de 2018 hay una ley aprobada --la 6/2018-- que exige que los afectados perciban sus ayudas, ninguno de ellos ha cobrado nada hasta la fecha, ni se ha aprobado el instrumento normativo que establezca el procedimiento de pago.
También alega la falta de compromiso del Ejecutivo central en cuando a la patente y colaboración económica de la farmaceútica Grünenthal para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado.
"Lo cierto es que tanto tiempo después no le consta a Avite que el Gobierno haya hecho nada al respecto, lo cual es particularmente vergonzoso, teniendo en cuenta que Grünenthal, según son hechos probados en sentencia firme actuó con culpa y negligencia y es la responsable material junto con el Estado de la tragedia en España, el país peor tratado del mundo", ha alegado.
