BRUSELAS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles prohibir la producción y comercialización de la mefedrona, una peligrosa droga similar al éxtasis, en toda la UE y para ello ha reclamado penalizar su uso en los Estados miembros donde esta sustancia todavía es legal, como es el caso de España.
De momento, la mefedrona sólo es ilegal en quince países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido) y la comisaria responsable de Justicia, Viviane Reding, pretende que los países actuen "rápidamente" para reforzar los controles y penalizar su venta.
"Nuestra responsabilidad es proteger a los jóvenes frente a nuevas sustancias psicoactivas peligrosas como la mefedrona", ha declarado Reding. Según los datos del Ejecutivo comunitario, en la UE se han registrado ya dos muertes vinculadas directamente al consumo de mefedrona y sólo en Irlanda y Reino Unido ha habido 37 fallecimientos en los que las autopsias revelaron la presencia de esta droga.
Por este motivo, Reding ha insistido en que la mefedrona es una droga "peligrosa" disponible en Internet y en la calle, que ya ha provocado muertes y que tiene que estar "bajo control y penalizada". La propuesta presentada hoy prohibiría la producción y venta de mefedrona e ilegalizaría esta sustancia en toda Europa, pero son ahora los Gobiernos los que tendrán que adoptar la medida por mayoría cualificada en el Consejo.
La mefedrona es un estimulante que provoca un efecto comparable al del éxtasis o la cocaína y se vende normalmente en polvo, aunque también se puede comercializar en cápsulas y pastillas, tanto en Internet como en tiendas especializadas o en la calle.
La evaluación científica que ha hecho el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT) de los riesgos asociados a su consumo ha demostrado que la mefedrona provoca graves problemas de salud y genera dependencia. Además, no tiene valor terapeútico alguno ni otro uso legal. La CE ha tomado esta decisión basándose en la evaluación del riesgo que el propio Consejo le pidió realizar el pasado 26 de mayo.
