Estiman que en Andalucía existen unos 60.000 enfermos de Alzheimer, de los que unos 24.000 son dependientes totales
SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - El 70 por ciento de las incapacitaciones en España son de personas con demencia, si bien la mayoría de sus familias carecen de la información necesaria sobre cuáles sus derechos y cómo han de ejercerlos, según sostiene el 'Documento Sitges' 2009, que revela igualmente que la tramitación legal de los procesos de incapacitación oscila entre tres meses y un año. En concreto, este documento está elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y, en el mismo, colaboran un grupo de expertos integrado por abogados, notarios, magistrados y especialistas en bioética, entre otros. Dicho manual, que se presenta hoy en Sevilla, tiene como primer gran objetivo proteger al enfermo con demencia ante cualquier contingencia, analizar su capacidad para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar que la incapacitación sea parcial, progresiva e individualizada, según el grado de afectación. De esta forma, trata de agrupar la toma de decisiones más frecuentes en la vida cotidiana de estos enfermos, ya sea las de tipo personal como aquellas que inciden en la esfera patrimonial. Además, distingue las decisiones que no tienen trascendencia, de aquellas otras importantes, como puede ser dar el permiso para ser operado o hacer una transacción comercial que implique poner en riesgo su patrimonio. En segundo lugar, determina las funciones cognitivas que deben estar preservadas para poder tomar estas decisiones. De hecho, el profesor Román Alberca, miembro de la Sociedad Española de Neurología, explicó que el 'Documento Sitges' sostiene como premisa fundamental que la persona con demencia "mantiene todos sus atributos como persona hasta el final de su vida", por lo que analiza "una a una cuáles son las situaciones sociales y legales que se pueden dar en un enfermo demente y como se puede evaluar la capacidad del enfermo ante esas opciones concretas". "El paciente con demencia queda así más protegido cuando debe tomar decisiones en la esfera personal o en la esfera patrimonial, como, por ejemplo, la capacidad para hacer un testamento", explicó este experto, quien insistió que el objetivo final "es preservar los derechos y la dignidad de esa persona, que debe ser tratada siempre con respeto y consideración". Por este motivo, y dado que las demencias pueden provocar "muchas alteraciones, aunque cada una de ella requiere grados de incapacitación distintos", los expertos que han participado en la elaboración del citado documento abogan por fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida. Al hilo de ello, Alberca se refirió a la necesidad de individualizar las necesidades de cada paciente y ver cuál es su capacidad real para poder desarrollarlas. "Tener una demencia no es siempre sinónimo de incapacidad total, ya que la enfermedad comienza por leves alteraciones mentales que progresan lentamente, de forma que los pacientes conservan al principio ciertas funciones cerebrales y la capacidad para asumir determinadas decisiones y actividades, sin que se les pueda privar de ese derecho", ahondó. Con todo, admitió que, una vez que la enfermedad progresa y causa una afectación cognitiva severa, la determinación de su incapacidad para asumir decisiones importantes "debe verse no como una limitación de su libertad y sus derechos, sino como una medida para proteger su bienestar y sus intereses". CONOCIMIENTO INSUFICIENTE Los participantes en el 'Documento Sitges' coinciden en que, en la actualidad, no hay un conocimiento suficiente por parte de los propios pacientes, de las familias y de la opinión pública en general sobre los procedimientos de incapacitación y los derechos legales de estos enfermos. Por otra parte, y dada la estructura de la asistencia sanitaria, señalan que el propio médico no puede explicar durante la consulta el problema de la incapacitación y de los derechos legales de estos enfermos. En el otro extremo, agrega, "el colectivo jurídico-legal suele conocer bien los aspectos legales, si bien sus conocimientos médicos son limitados y "sólo les llega una pequeña proporción de los enfermos". TRABAJO CONJUNTO ENTRE SANIDAD Y JUSTICIA El resultado es que pacientes y familiares "están desinformados", por lo que este documento trata de recordar todos estos aspectos a los profesionales médicos "y sugerirles la necesidad de que sanidad y justicia trabajen unidas para respetar al máximo la autonomía de las personas que es, en definitiva, respetar su dignidad y su libertad". En este punto, la magistrada y participante en el 'Documento Sitges' 2009 Silvia Ventura vaticina que en un futuro cercano se producirá una demanda masiva de procesos de incapacitación, "que hará necesaria la existencia de juzgados especializados, una legislación más acorde con nuestra sociedad, elaborar normas internacionales sobre la materia y una mejor comunicación de los jueces y médicos forenses con el personal facultativo que atiende a los pacientes". Según los expertos que han elaborado este protocolo de actuación, en torno al 15 por ciento de las personas de las sociedades occidentales tienen más de 65 años. De ellas, entre el cinco y el diez por ciento padecen algún tipo de demencia, siendo la más común el Alzheimer. En Andalucía, se estima que existen al menos 60.000 enfermos de Alzheimer, de los que unos 24.000 son dependientes totales y, por tanto, pueden requerir algún tipo de incapacitación.
