LEGANÉS 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex coordinador del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, Luis Montes, declararán hoy por tercera vez como imputado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de la localidad, Rafael Rosel, por el caso de las presuntas sedaciones irregulares denunciadas anónimamente en el centro sanitario.
Montes, que comparecerá durante la mañana junto a otros dos imputados más en el caso, declarará por su presunta implicación en dos de las 15 historias médicas que una comisión de peritos designada por el Colegio de Médicos de Madrid catalogó como excesivas o irregulares en junio de 2006.
La última vez que Montes acudió al juzgado (el pasado 19 de septiembre) fue zarandeado por detractores de los médicos que se habían citado frente a los juzgados, a los que accedió entre gritos de "asesino".
Las comparecencias de mañana comenzarán a las 10.30 horas con las declaraciones de Jorge Enrique Olalla y Encarnación Moreno-Chocano, que declararán por participar en sendas historiales de pacientes que
fallecieron tras recibir una presunta sedación irregular.
Cabe recordar que Moreno-Chocano inició sus declaraciones como testigo, pero al final el juez consideró que su participación en una de las historias clínicas investigadas obligaba a imputarla para que pudiese defenderse.
El juzgado retomó el pasado día 11 la toma de declaraciones a los
imputados, comparecencias que abrió el doctor Jorge Rojas-Marcos, quien dejó temporalmente su trabajo en Kenia para asegurar ante el juez --según reveló su abogado, Ramiro Urioste-- que la sedación que practicó en un paciente fue en "dosis absolutamente normales".
NUEVE PROFESIONALES HAN DECLARADO YA
Por el juzgado número 7 han pasado ya nueve profesionales del hospital Severo Ochoa en calidad de imputados. La defensa de los facultativos, por su parte, reclama el sobreseimiento de la causa porque, a su entender, las conclusiones de los expertos del Colegio de Médicos son erróneas y los estudios certifican que no hubo relación de causalidad entre la administración de los sedantes y las muertes. "La única salida es el archivo de las actuaciones", llegó a declarar el abogado de seis de los imputados, Ramiro Urioste.
Por su parte, la Asociación de Víctimas contra las Negligencias Sanitarias (AVINESA) seguirá asumiendo la acusación popular. La estrategia de esta entidad pasa ahora por averiguar por qué algunos médicos del centro retiraron a varios pacientes terminales la sedación que les habían prescrito sus colegas previamente.
RESPALDO DE SINDICATOS
En el ámbito social, las declaraciones de los médicos contarán con el respaldo de los sindicatos CC OO y UGT, que convocaron una
concentración de apoyo a los facultativos en la Plaza de la Comunidad de Madrid, anexa a los juzgados leganenses.
Y es que, para los sindicatos, la crisis del Severo Ochoa, esconde "el interés político por devaluar la sanidad pública creando incertidumbre y tensión entre pacientes y personal sanitario". Para CCOO y UGT, en este motivo reside la investigación iniciada por la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que asumió como ciertas dos denuncias anónimas que, hace más de año y medio, alertaban sobre presuntas sedaciones irregulares con pacientes terminales en el centro hospitalario leganense.
Los sindicatos responsabilizan también a la Consejería de haber "facilitado la salida del hospital de centenares de expedientes de enfermos sin garantizar su custodia" cuando la fiscalía decidió investigar el caso.
En todo caso, el contencioso en el hospital supuso desde su inicio el cese de unos 25 médicos -entre ellos, varios jefes de servicio, como el del propio Luis Montes-, así como la marcha de unas 75 enfermeras, según calcula la Junta de Personal del centro sanitario.
EL PERSONAL, "AGOTADO" POR LA CRISIS
En este sentido, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano, consideró que el "personal está agotado" por la crisis. "Más que atribuirlo al conflicto, la gente está cansada. Hay agotamiento porque hay una presión de trabajo que les obliga a pedir el traslado", matizó.
De hecho, en estos meses la Junta de Personal denunció presiones por parte de la gerencia del centro para que el personal no respaldase las concentraciones a las puertas del centro todos los miércoles, una medida que se llevó a cabo para defender la inocencia de los facultativos imputados.
"Apoyaremos a los médicos porque seguimos diciendo que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", manifestó Serrano, para quien resulta "sospechoso" que el caso se esté alargando hasta las elecciones locales y regionales de mayo con continuas declaraciones sobre los mismos expedientes.
En la misma línea se sitúa la Plataforma en Defensa de la Sanidad
Pública, formada por asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos del municipio. Según un portavoz de la entidad, Juan Antonio Sánchez, la estrategia política del Ejecutivo regional pasa por que "no haya una resolución judicial antes de los comicios", ya que el posible archivo de todos los autos "les perjudicaría" en la cita con las urnas.
Junto a los sindicatos y la Junta de Personal, el Ayuntamiento de Leganés, gobernado por PSOE e IU en coalición, expresó nuevamente su respaldo a la labor de los facultativos. Así, el primer teniente de alcalde, Raúl Calle, reiteró que el Ejecutivo municipal "seguirá defendiendo la dignidad y profesionalidad de los médicos del Severo Ochoa".
Las asociaciones vecinales son otro punto de apoyo de los imputados. De hecho, estos colectivos convocaron el pasado 27 de octubre la tercera manifestación por las calles de Leganés en apoyo y defensa de los médicos y de la sanidad pública. "La crisis -manifestó Juan Antonio Sánchez- está haciendo un daño importante a la imagen del hospital".
