Sanidad propone una directiva europea de servicios sanitarios que impida mercantilizar los sistemas de salud de la UE

Actualizado: martes, 7 julio 2009 16:19

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, abogó hoy por proponer a la Comisión Europea una directiva de servicios sanitarios que defina una cartera común de servicios y establezca unos criterios comunes de calidad asistencial, en lugar de introducir "criterios de mercado" en los sistemas de salud como propone la nueva directiva europea de Sanidad Transfronteriza que se está debatiendo en el marco de una reunión informal que mantienen los ministros europeos de salud en Jönköping (Suecia).

Durante el debate de dicho texto, ya aprobado en una primera lectura por el Parlamento Europeo, Jiménez aseguró que éste va a provocar "incertidumbre e inseguridad jurídica" en España y "pone en riesgo la viabilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuando "lo que la UE necesita es una directiva de servicios sanitarios", con unos servicios y unidades de referencia a nivel europeo para patologías raras o aquellas que necesiten tecnologías de alto nivel de especialización.

La normativa propone que un ciudadano comunitario pueda elegir un servicio sanitario en Europa, público o privado, para recibir una atención hospitalaria, pagada siempre por el país de procedencia. Sin embargo, señaló Jiménez, el pago anticipado de los servicios sanitarios que propone dicha directiva "generará inequidad en el acceso al discriminar la elección en función de la capacidad de pago".

"No vemos la necesidad de aprobar una directiva que trata asuntos solventados por los reglamentos de la seguridad social y que, además, trata los servicios sanitarios como un servicio más sometido a las reglas de mercado", insistió la titular de Sanidad.

Además, mostró una "especial preocupación" sobre la forma en la que se aborda la regulación de la movilidad en la propuesta de directiva, como en la incorporación del Estado de Residencia como responsable de los costes en el caso de los desplazamientos de ciudadanos desde el Estado donde han sido afiliados, algo "inaceptable" por España en el caso de los pensionistas.

EL REQUISITO DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA

Igualmente, la titular de Sanidad insistió en que la autorización previa es un requisito para garantizar la calidad a los ciudadanos al asumir esa responsabilidad el Estado emisor, mientras que "la movilidad requiere instrumentos que faciliten a los ciudadanos su utilización sin problemas administrativos y burocráticos añadidos".

En este sentido, advirtió de que "se necesita asegurar un reconocimiento mutuo de recetas, la disponibilidad de información clínica sobre los pacientes que permita una atención de calidad o asegurar un procedimiento común para la facturación de los servicios".

"Para España, el gran reto que debería conseguir esta propuesta de directiva sería el lograr que haya garantías a los ciudadanos de una atención sanitaria más accesible, de mayor calidad y más segura, y el texto actual, desgraciadamente, no avanza en esa dirección", lamentó Jiménez.