Confían en poder endurecer la ley antitabaco durante la presidencia española de la UE
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció hoy que su departamento está estudiando la posibilidad de que bares, cafeterías y restaurantes puedan seguir vendiendo tabaco a través de máquinas expendedoras pese a que, con el endurecimiento de la norma que planea el Ejecutivo, no se podrá fumar en ninguno de ellos.
Durante su participación en la conferencia internacional 'Protección de la salud en prisiones', que se está celebrando en la sede del ministerio, Jiménez explicó que se trata de una demanda que están recibiendo "sobre todo por parte de los establecimientos más pequeños", ya que les supone "un margen de beneficio económico".
De hecho, representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se reunieron la semana pasada con la ministra y, según explicaron a Europa Press, los ingresos que cada local de hostelería obtiene por tener una máquina expendedora de tabaco ascienden a casi 6.000 euros anuales de media, variando en función del tamaño y la localización del establecimiento.
"Lo que importa es que no se fume en lugares cerrados para evitar perjuicios a la salud de los ciudadanos que están en el establecimiento", reconoció Jiménez, quien se mostró "comprensiva" con las peticiones de los hosteleros ya que el ministerio quiere "que la norma se implante sin perjuicio para nadie" y, por ello, "están considerando la posibilidad de dejar las máquinas expendedoras".
Con la normativa actual, vigente desde enero de 2006, todo aquel establecimiento que no esté adaptado para poder fumar tampoco puede vender tabaco a través de máquinas expendedoras, por lo que los hosteleros temen que, al erradicar el consumo de tabaco en cualquier espacio público cerrado, Sanidad ponga fin a también a su venta y la limite a los estancos.
El objetivo del ministerio es que esta norma pueda estar "cuanto antes" y, según Jiménez, "su deseo es que cuando empezara la presidencia española de la UE pudieran estar en condiciones de presentar esta reforma", para lo que ya han iniciado conversaciones con los grupos parlamentarios, sindicatos y agentes implicados.
Por otro lado, la ministra descartó que se vaya a indemnizar a aquellos propietarios que realizaron reformas en sus establecimientos para adaptarse a la actual normativa. Según explicó, "la reforma prevista es una medida de salud pública y no conllevará ningún coste ni causa el menor perjuicio económico a nadie". Es mas, aseguró Jiménez, "algunas personas que no acudían a determinados establecimientos porque les molestaba el humo, ahora van a ir con toda normalidad".
MENOS DE UN 1% DE LOS BARES HICIERON REFORMAS
"Es legítimo que los hosteleros hagan cualquier tipo de planteamiento --señaló Jiménez--, pero es difícil hacer una cuantificación de las inversiones que se hicieron". Además, aseguró que de los 350.000 establecimientos con una superficie mayor de 90 metros cuadrados --que, con la actual ley, estaban capacitados para hacer una separación para crear espacios de fumadores y no fumadores-- menos de un uno por ciento han hecho algún tipo de reforma.
Sin embargo, la Federación Española de Hostelería (FEHR), que aglutina a más de 120.000 empresas de restauración en España, hace unos cálculos diferentes y asegura que entre 45.000 y 50.000 establecimientos hicieron reformas para adaptarse a la actual ley e invirtieron en ellas unos 25.000 por establecimiento.
Por ello, según reconoció el presidente de esta entidad, José Luis Guerra, en declaraciones a Europa Press, el Gobierno debería indemnizar a estos locales con los casi 1.125 millones de euros a modo de indemnización porque, a su juicio, tuvieron que hacer reformas para establecer espacios con y sin humo o instalar equipos de aire independientes para que, tres años más tarde, "no sirvan para nada".
