MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad de Jueces de Instrucción de Inglaterra y Gales (CSEW, en inglés) "ha fallado" en "su obligación moral de proteger la salud pública" ante los potenciales nuevos riesgos asociados con la variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vCJD, en inglés), al prohibir la recolección de tejido de autopsias para realizar un estudio sobre esta enfermedad.
Así se denuncia en un estudio escrito por los investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), publicado 'on line' y que aparecerá en la próxima edición de 'Public Health', que destaca que idea de crear un archivo de tejidos post-mortem para estudiar la variante humana de la enfermedad de las vacas fracasó por el "equivocado" rechazo de los jueces a colaborar con el proyecto.
Los autores de este trabajo dicen que las razones dadas por la CSEW son insuficientes para justificar su rechazo a tomar parte en este estudio y piden realizar una revisión más amplia del papel de estos jueces en relación con futuras medidas de salud pública.
Hasta 2003, todos los casos de la variante humana de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad mortal que aparece en humanos por la exposición a la encefalopatía espongiforme bovina a través de la dieta.
Más recientemente, un pequeño número de infecciones podrían haber sido causadas por una transfusión de sangre procedente de donantes infectados de vCJD. También se cree que la transmisión iatrogénica puede darse como resultado del empleo de instrumental quirúrgico contaminado, una preocupación que llevó a los hospitales de Essex y Gales a contactar con sus pacientes a principios de este año.
Como respuesta a la evidencia de que la vCJD tenía el potencial de provocar una segunda ola de infecciones como resultado de la transmisión entre humanos, la Agencia de Protección de la Salud (HPA, por sus siglas en inglés) intentó crear un archivo de tejidos post-mortem.
El objetivo de esta iniciativa era determinar la prevalencia de proteína prion anomal, un marcador de la infección por vCJD, en Reino Unido para determinar la eficacia de las actuales medidas de precaución y las futuras medidas necesarias.
Sin embargo, la CSEW rechazó participar, citando asuntos como la legalidad, el coste y la viabilidad del proyecto, concluyendo que tomar parte en este estudio podría "afectar de forma negativa la independencia del servicio de clasificación legal y también socavar la confianza pública".
