VITORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ley antitabaco del País Vasco no incluirá finalmente algunas de las restricciones más polémicas que se habían previsto inicialmente, como la prohibición de fumar en coches en los que viajen menores o de vender tabaco en gasolineras, con el fin de equipararse en la medida de lo posible a la normativa estatal, que no contempla tales medidas.
El presidente de la ponencia del Parlamento vasco que trabaja sobre el proyecto de esta ley, Mikel Unzalu, ha explicado en los pasillos de la Cámara que el informe sobre este texto está casi listo y que la norma podría aprobarse definitivamente en el primer pleno ordinario de febrero.
Según ha indicado, la ley de tercera modificación de la Ley sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia de Drogodependencias -conocida como ley antitabaco- podrá salir adelante con un consenso "amplísimo".
Unzalu ha reconocido que la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la normativa estatal sobre esta misma materia está "condicionando" la tramitación parlamentaria del proyecto de la ley vasca, que, en un principio, iba a resultar bastante más restrictiva que la estatal.
De esa forma, ha anunciado que, previsiblemente, algunas de las restricciones más polémicas previstas en el proyecto elaborado por el Gobierno vasco, y que no se contemplan en la ley española, no se incluirán finalmente en la ley vasca. El objetivo es que ésta se adapte "en la medida de lo posible" a la normativa estatal.
Entre ellas, ha citado la prohibición de fumar en coches en los que viajen menores de edad o la prohibición de vender tabaco en las gasolineras, dos cuestiones que finalmente no serán restringidas. Además, no se establecerá una regulación específica sobre 'txokos' o sociedades gastronómicas, sobre los que se aplicarán las mismas medidas que las contempladas en la ley estatal.
"DISCREPANCIAS"
A pesar del nivel de consenso existente en torno a las cuestiones generales del texto, Unzalu ha reconocido que en materia de sanciones existen "discrepancias" entre las posturas del Gobierno, del PNV y del PP.
El Ejecutivo es partidario de que la aplicación de las sanciones corra a cargo del propio Gobierno, pero que sea la Ertzainza y las policías locales las que propongan la imposición de las multas. Por su parte, el PNV plantea que la labor de inspección y la propuesta de las sanciones quede en manos de la Ertzaintza exclusivamente. El PP defiende la creación de un cuerpo de inspección específico.
El informe de la ponencia será debatido en comisión entre el 20 y el 24 de enero. La votación definitiva de la ley está prevista para el primer pleno ordinario de febrero.
