VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, el decreto sobre contaminación acústica del País Vasco, que desarrolla y completa la regulación la normativa existente con el fin de mejorar la prevención y la reducción de los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, el decreto desarrolla y completa la regulación recogida en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos posteriores sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, que a su vez traspone al ordenamiento la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación del ruido ambiental.
De este modo, se pretende "clarificar conceptos de la legislación estatal", solventar "carencias", y establecer un modelo de gestión en esta materia a partir de las competencias de las diferentes instituciones implicadas con el objetivo de facilitar la gestión de la contaminación acústica en el País Vasco. El objetivo de estas medidas es mejorar la regulación para la prevención y la reducción de los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental.
El Gobierno vasco ha resaltado que la calidad acústica es un objetivo ambiental "cada vez más demandado" por la ciudadanía, que "lo percibe como un aspecto importante para su tranquilidad y bienestar".
Además, ha añadido que, de acuerdo con los informes de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación acústica se ha convertido en "una cuestión de salud pública que genera pérdidas económicas en forma de gastos médicos y de pérdidas de productividad". Asimismo, se considera como "un elemento condicionante" para las infraestructuras y los desarrollos urbanísticos.
El Ejecutivo ha explicado que en un territorio como el País Vasco, "densamente poblado, con una importante concentración de infraestructuras y de actividad industrial en áreas próximas a zonas residenciales", es necesario establecer un marco "claro y estable" que permita "conciliar el bienestar de la ciudadanía con los desarrollos mencionados".
Asimismo, ha resaltado que la regulación del ruido está "íntimamente ligada" a otras políticas, como la ordenación del territorio y la urbanística, ya que los objetivos de calidad acústica están condicionados por los usos urbanísticos de cada espacio y con el desarrollo de infraestructuras, dado que "uno de los factores más importantes de generación de ruido es el transporte". Por este motivo, ha apuntado, ambas políticas se ven especialmente condicionadas por esta nueva regulación.
En este sentido, ha opinado que la aplicación de este Decreto exige "un gran esfuerzo" de colaboración entre todas las administraciones públicas que permita "la efectividad de las medidas que se vayan a ir implantando y un diseño de los pueblos y ciudades del País Vasco que tenga en cuenta la calidad acústica en sus planeamientos".
Entre las novedades más destacables, se encuentra la definición del marco legislativo de aplicación para los focos de contaminación acústica de competencia autonómica y foral, incluyendo lo referido a la figura de 'Zona de Servidumbre Acústica' para las infraestructuras de transporte.
Además, se definen las condiciones acústicas mínimas que deben satisfacer los locales en los que se implanten actividades en suelo urbano residencial para evitar molestias a los ciudadanos y crear un marco legislativo de referencia para ayudar a la gestión de estas situaciones por parte de la administración local.
También se crea la Comisión Técnica de Evaluación Acústica del País Vasco, dentro de la actual Comisión Ambiental, con el objetivo principal de resolver discrepancias que puedan surgir en la gestión de "esta forma de contaminación de carácter trasversal en la que son varios los agentes y administraciones implicadas".
"El Decreto de contaminación acústica --han concluido desde el Gobierno vasco-- dota de un marco regulador más claro y estable que proporcionará un mayor nivel de bienestar a la ciudadanía y una mayor seguridad jurídica a las diferentes actividades económicas, tratando de conciliar los diferentes intereses en juego".
