VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El miedo a las represalias, la desconfianza en las instituciones y la falta de información figuran entre los principales obstáculos a los que se enfrenta la población migrante para denunciar los delitos o las vulneraciones de derechos fundamentales que sufren, según el informe 'Denuncia In-Segura. Herramientas para el acompañamiento a personas migrantes ante las barreras en el acceso a la justicia', elaborado por la Red Acoge y que analiza el estado actual de esta situación y sus consecuencias.
El estudio, que refleja que solo una de cada nueve personas migrantes o racializadas se atreve a interponer una denuncia, propone mecanismos para proteger a las víctimas y combatir la impunidad.
"Fui a que me tomaran declaración como víctima, pero terminé detenido (...) porque yo estaba indocumentado"; "Hay que enfrentarse muchas veces a burlas dentro de la comisaría, de infantilización o desprecio"; "Ella (refiriéndose a su empleadora) me decía 'si tú me denuncias, no te van a creer porque es que tú viniste, tú estás aquí ilegal'", son algunos testimonios que fundamentan el estudio, que se presenta este jueves en la Facultad de Derecho de València, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la UV.
Según ha informado la entidad Valencia Acull en un comunicado, las víctimas reclaman, entre otras medidas fundamentales, "su derecho a recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de autoridades y funcionarios/as que reciben las denuncias"; que se les facilite "información comprensible" del procedimiento (incluida la traducción a su idioma) y que se les proteja "frente a posibles represalias de la persona o instituciones denunciadas".
En este sentido, se exige modificar la ley de Extranjería para que se garantice que a las víctimas en situación administrativa irregular de cualquier tipo de delito "no se les sancione con multas o expulsión cuando acudan a denunciar".
PARTICIPANTES
El estudio se ha desarrollado a través de una metodología cualitativa en la que han participado 120 personas migrantes que han sufrido delitos o vulneración de derechos y 74 profesionales de distintos perfiles (psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, educadoras sociales, entre otros) que tienen experiencia en el acompañamiento a víctimas.
El trabajo de campo se llevó a cabo en Barcelona, Burgos, Córdoba, Elche, Guadalajara, Logroño, Lucena, Madrid, Murcia, Salamanca y València. Según expone el estudio, "a pesar de contar con una normativa clara que protege y garantiza los derechos de las víctimas, en la práctica, muchas personas no tienen garantizado el derecho a la justicia y las personas migrantes se enfrentan a múltiples barreras a la hora de interponer una denuncia".
Entre otras, cita el miedo a que la denuncia repercuta en otros procesos administrativos; la falta de respaldo y asistencia legal; la desconfianza en la eficacia de las instituciones; el temor a represalias; la falta de información; la ausencia de protocolos específicos; las malas praxis en la recogida de la denuncia; La complejidad del proceso y su lentitud; la precariedad en las condiciones de vida y el miedo a que no las crean.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Según el estudio, todas ellas, son consecuencia de tres problemas estructurales interrelacionados que permean todo el sistema de justicia e impactan "directamente" en el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas migrantes: "la falta de garantías en la protección de los derechos de las víctimas, la Ley de extranjería y el racismo y la discriminación".
En esta línea, añade que la dificultad de denunciar o de obtener reparación frente a la discriminación, la violencia o el abuso "no solo genera impunidad y un grave problema de infradenuncia, sino que también produce efectos psicosociales e intergeneracionales profundos que atraviesan los cuerpos, las emociones y los proyectos de vida de las personas: miedo, dolor, indefensión y desconcierto, ansiedad, rabia, vergüenza, cansancio, impotencia, deshumanización".
Para que las personas migrantes puedan asumir la decisión de denunciar, independientemente de su situación administrativa, es necesario "construir las condiciones y los mecanismos para que puedan hacerlo sin miedo, sin represalias, sin poner en riesgo su salud, su empleo o su dignidad".
CAMBIOS
El trabajo incide en la urgencia de "transformar los procedimientos, las actitudes, los espacios, los lenguajes y las estructuras que sostienen la impunidad" y "valorar las redes personales y comunitarias; fomentar espacios de encuentro y apoyo mutuo; promover una red de recursos articulada, especializada, accesible y coordinada; incorporar a profesionales migrantes y racializadas en los procesos de acompañamiento o incorporar formación y perspectiva antirracista en el acompañamiento e intervención".
Asimismo, plantea contar con las organizaciones sociales como "espacios seguros" de acompañamiento y apoyo; asegurar la traducción, interpretación y aprendizaje del idioma; promover espacios de sensibilización y sistemas de información continuada multicanal; asegurar una buena recogida de la denuncia; visibilizar canales para la reclamación y sanciones ante el incumplimiento y explorar otras vías como la mediación y justicia restaurativa como "herramienta de reparación".
Además, es necesario impulsar cambios en la normativa actual para garantizar la universalidad del derecho a la justicia sin discriminación alguna, una transformación que pasa por modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de modo que "se proteja a todas las víctimas de cualquier delito y se garantice que no se incoará expediente sancionador por estancia irregular a personas sin autorizaciones de residencia y/o trabajo que hayan sido víctimas".
También resulta imprescindible realizar modificaciones en los procedimientos para la protección de las víctimas, incluyendo la interposición de denuncia sin exposición de la situación administrativa y sin riesgo de expediente de multa o expulsión; protección de datos y cortafuegos o el desarrollo de la denuncia por terceros interpuestos.
