MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar 40.000 euros a un paciente que se quedó ciego de un ojo tras ser operado de cataratas en la Fundación Jiménez Díaz, informó hoy la Asociación El Defensor del Paciente.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por el paciente contra la resolución de la Consejería de Sanidad que rechazó la reclamación económica.
El paciente, de 70 años de edad, fue intervenido de cataratas en su ojo izquierdo en fecha 16 de noviembre de 2005 en la Fundación Jiménez Díaz.
Tras la revisión, a las 24 horas fue dado de alta, teniendo que acudir a los pocos días al Servicio de Urgencias del citado centro sanitario por pérdida brusca de visión en el ojo intervenido y dolor ocular.
Con la sospecha de endoftalmitis tuvo que ser sometido a una vitrectomía, produciéndose posteriormente un desprendimiento de retina lo que suponía una nueva intervención con escasas posibilidades de recuperación por lo que el paciente se ha quedado ciego del ojo izquierdo.
La resolución judicial admite que la falta de cuidado en el tratamiento de la enfermedad del paciente ha vulnerado las exigencias de la lex artis en tres puntos esenciales.
El primero en el deficiente estudio preoperatorio realizado al mismo al no se efectuarse recuento endotelial, prueba esencial en personas mayores.
La segunda se produjo en que las medidas de profilaxis y asepsia no han quedado acreditadas por los servicios médicos que son los que han de acreditarlo. Y el tercero, en la instauración de un tratamiento antibiótico innecesario al adelantar la existencia de un bacilo que luego se comprobó que no existía perdiéndose unos días valiosísimos para determinar el antibiótico específico.
Por tanto, la pérdida de visión en el ojo izquierdo del paciente se debió a la actuación negligente de los facultativos actuantes, que no sometieron al mismo, a un tratamiento rápido y eficaz, según el Defensor del Paciente. Sin embargo, como es habitual la indemnización solicitada se ha reducido, estableciéndose al efecto la suma de 40.000 euros.
La asociación consideró lamentable que, "a pesar de encontrarnos ante un caso claro de mala praxis médica, y por lo tanto una responsabilidad de la Administración, los familiares del paciente hayan tenido que obtener su resarcimiento mediante la interposición de un procedimiento judicial".
