MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, Mario Mingo, responsabilizó hoy al Gobierno de la 'guerra de precios' emprendida por las tabaqueras tras la subida fiscal del tabaco, debido que, a su juicio, el Ejecutivo ha utilizado criterios recaudatorios y no sanitarios.
Mingo señaló, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno ha cometido dos "graves errores", por no aplicar los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primero fue, dijo, no financiar los tratamientos de deshabituación tabáquica para los fumadores, y el segundo, no seguir criterios sanitarios en relación a la fiscalidad del tabaco.
"Lo ha hecho con criterios recaudatorios, y se han producido esas subidas y bajadas del tabaco que tanta sorpresa están produciendo en el mercado sin lograr el objetivo más importante, que recomiendan los científicos y la OMS", agregó.
En este sentido, el diputado popular afirmó que si la subida de impuestos en el tabaco no se destina a fines sanitarios sino a otros fines, cualesquiera que sean, se produce "el colmo de la irracionalidad en relación con el tratamiento sanitario del tabaco, puesto que el tabaquismo es uno de los más importantes problemas de salud pública que hay en España".
Asimismo, insistió en que si se hubieran financiado los tratamientos de deshabituación tabáquica, bajo criterio médico, en todo el SNS, el resultado de lograr que muchos fumadores dejen de hacerlo sería más amplio y más satisfactorio para todos los ciudadanos. "No se puede abandonar a los fumadores a su suerte --subrayó-- porque sólo con la intención deja de fumar un 8%, y con ayudas hasta el 40%".
En cualquier caso, Mingo considera que en el mes de vigencia de la Ley se ha podido comprobar que los objetivos de salud que persigue la norma son compartidos por una gran mayoría de los ciudadanos, pese a que no haya habido una información suficientemente adecuada para todos los problemas derivados de la ley. "Además, existen carencias porque las CC.AA. aún no han desarrollado la ley, y son las que tienen las competencias para hacerlo", concluyó.
