MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La mala salud mental es muy elevada en personas con inseguridad residencial, situación que se agrava en las que soportan múltiples privaciones, y es especialmente acusada en mujeres. Asimismo, estas personas suelen sufrir a la vez diferentes ámbitos de privación material, como la pobreza energética o la inseguridad alimentaria.
Estas son las principales conclusiones de un estudio, publicado en 'Journal of Urban Health', que ha contado con la participación del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y el grupo de Vivienda y Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
El trabajo ha incluido a 256 mujeres y 104 hombres que acudieron por primera vez a estas entidades entre 2017 y diciembre de 2019 y que reportaron precariedad en la vivienda.
"Analizamos cómo la relación de la tenencia de la vivienda y convivir con inseguridad residencial y pobreza energética y/o inseguridad alimentaria afecta a la salud mental, analizando tres indicadores: riesgo de mala salud mental, la ansiedad y/o depresión autodeclarada y el uso de psicofármacos", ha explicado la jefa del grupo del CIBERESP en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Carme Borrell.
En todos ellos, las personas participantes en el estudio han reportado porcentajes muy elevados, y la probabilidad de sufrir mala salud mental era del 89 por ciento en mujeres y del 85,3 por ciento los hombres, porcentajes muy superiores a la población general en Barcelona (19,5% y 14,5%, respectivamente).
"Observamos que a mayor número de situaciones de privación material empeoraba esta condición, y entre los hombres los resultados no mostraron un patrón tan claro, aunque los que sufrían más coexistencia de inseguridades tenían peor salud mental", ha indicado Carme Borrell.
En consecuencia, la interacción entre diferentes dimensiones de privación material, que se dan de manera simultánea en el seno de los hogares, plantea la necesidad de abordar los fenómenos como la inseguridad residencial y la pobreza energética no de manera aislada.
Al respecto, Juli Carrere, primer firmante del trabajo e investigador de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, considera que "las personas responsables de las políticas públicas deberían abordar esta problemática teniendo en cuenta la complejidad de las personas que sufren inseguridad en la vivienda".
